La rectora de la Universidad de Huelva (UHU), María Antonia Peña, ha destacado que el nuevo modelo de financiación para las universidades públicas andaluzas, que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía este martes, recoja "la mayor parte de las consideraciones" que las universidades habían realizado, y por las que tanto ella como el resto de rectores votaron "a favor" en el Consejo Andaluz de Universidades (CAU), pero ha instado a la administración a que se incorpore también "el crecimiento salarial que viene obligado por ley".

Peña ha explicado que lo que se ha aprobado este martes en el Parlamento andaluz son las bases del nuevo modelo de financiación, es decir, "una serie de pautas que enmarcan cómo se van a hacer las distribuciones financieras".

No obstante, Peña ha indicado que tanto ella como el resto de rectores votaron "a favor" en el CAU por "considerar que se habían admitido la mayor parte de las consideraciones" que habían realizado y que "se definían unas líneas rojas que pueden ser buenas para el futuro".

Entre los planteamientos, Peña ha destacado "la cláusula de salvaguarda", ya que "permite garantizar que toda universidad va a recibir al menos lo mismo que el año anterior", además, también ha mencionado "el reconocimiento del crecimiento vegetativo, como una incorporación financiera que obligatoriamente se debe realizar".

También se incluye, según ha detallado la rectora, la partida de nivelación que "está llamada a compensar las situaciones de insuficiencia financiera que se han producido en el pasado, sobre todo provocadas por el modelo de financiación anterior".

Por ello, ha asegurado que tienen la expectativa de que "dentro de estas líneas marco se pueda ir a una armonización cada vez mayor del sistema universitario público andaluz, que permita prestar el mejor servicio".

"Lo que es importante ahora mismo para nosotros es que, una vez que estas bases del modelo están aprobadas, es entrar ya en el desglose concreto de los indicadores, que van a ir marcando la distribución, y que van a definir a la financiación concreta de cada universidad, además de entrar también en la definición de los programas estratégicos, los contratos-programas que el modelo comprende", ha remarcado.

No obstante, Peña ha señalado que "la única forma de que este modelo arranque con credibilidad, con garantía y con solvencia" es que también se incorpore "el crecimiento salarial que viene obligado por ley, concretamente ese 0,5% retroactivo", porque "mal empezaría entonces un nuevo modelo de financiación que ya no contempla un incremento salarial".

Los ejes del modelo de financiación pública

El nuevo diseño se ordena en torno a cuatro grandes categorías: la financiación básica armonizada, la financiación por resultados, la financiación de nivelación y los proyectos estratégicos del sistema universitario andaluz. Toda esta estructura se nutrirá de las transferencias procedentes del Presupuesto de la Junta de Andalucía de cada ejercicio. La primera de ellas está destinada a cubrir los costes necesarios del sistema público para prestar los servicios académicos, de investigación y de transferencia de conocimiento y hacen referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento.

Por su parte, la financiación por resultados busca homogeneizar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos y se articulará a través de los denominados contratos programa, una planificación de objetivos orientados hacia la mejora de la competitividad, así como a la eficacia y la profesionalización de la gestión. Pueden recoger reformas estructuras, la adecuación de las infraestructuras, la estabilización y promoción del personal, iniciativas de apoyo al estudiantado, la atención a la diversidad, el impulso de la internacionalización o el fomento de la investigación. Se concertarán anualmente desde la Consejería de Universidad con cada una de las instituciones académicas, teniendo en cuenta sus particularidades.

La financiación de nivelación se orientará a corregir los desfases estructurales motivados por la aplicación de los modelos de financiación anteriores con el fin último de propiciar la convergencia entre las universidades. Por último, en el apartado de los proyectos estratégicos tendrán cabida aquellas iniciativas singulares acordadas con los rectores que mejoren la competitividad de sus campus y den respuesta a las demandas de la sociedad. La Consejería de Universidad destinará a este capítulo una inyección de 14 millones de euros hasta final de año.

Todos estos criterios se aplicarán con carácter general a las diez instituciones que conforman el sistema público, aunque la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) recibirá un trato diferencial dadas sus características. Esta institución no imparte titulaciones de grado, no dispone de personal docente e investigador propio y sus enseñanzas e investigaciones están orientadas a la cooperación educativa internacional tanto en el ámbito de Latinoamérica y Norte de África, como en el de la Unión Europea.

Planes extraordinarios de inversiones e infraestructuras

Al margen de ese armazón, el modelo contempla la aprobación de planes extraordinarios de inversiones e infraestructuras que se llevarán a cabo con fondos no vinculados al modelo de financiación. Para su dotación, la Junta de Andalucía podrá autorizar a las universidades el uso de remanentes de tesorería no afectados con un límite máximo de 20 millones de euros para todo el conjunto.

Estos planes comenzarán a aplicarse a partir de 2024, tras la finalización este año del actualmente vigente, y su desarrollo estará enfocado prioritariamente a intervenciones para mejorar los equipamientos e infraestructuras con criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, además de a actuaciones de transformación digital y tecnológica.

La Junta de Andalucía viene trabajando en este diseño desde el inicio de la legislatura en estrecha colaboración con los rectores de las diez instituciones académicas, los Consejos Sociales, el estudiantado y los agentes económicos y sociales. Todos han podido debatir y realizar aportaciones a la propuesta inicial realizada desde el Gobierno andaluz buscando el máximo consenso que se requiere para esta reforma. Este nuevo sistema, de acuerdo con la Ley Andaluza de Universidades, se ha sometido al informe preceptivo del Consejo Andaluz de Universidades.

El grueso de la financiación de la que disponen las universidades públicas andaluzas se nutre, principalmente, de las transferencias de la Administración regional, que representan en torno al 75% de sus cuentas. Ese importe se emplea, sobre todo, a pagar salarios y costes de funcionamiento y de mantenimiento, así como a sufragar su actividad docente e investigadora.

El porcentaje restante equivale a ingresos adicionales derivados de las tasas de matrículas que cobran de sus enseñanzas propias, de las inyecciones recibidas de la Unión Europea y de otras Administraciones o de transferencias de entidades privadas, herencias, legados y donaciones. También se encuadran en este apartado las aportaciones procedentes de actividades de mecenazgo y de su patrimonio. El nuevo modelo de financiación establece que estas instituciones, en un ejercicio de corresponsabilidad, procurarán incrementar gradualmente estas fuentes propias hasta llegar al menos al 30% de la financiación. En el caso de la UNIA, ese límite se situará en el 15%.

En 2023, la partida de la Junta de Andalucía dirigida a las universidades públicas se cuantifica en una cifra histórica de 1.620 millones de euros sólo para financiación básica, un importe que viene a confirmar una trayectoria ascendente dibujada desde 2019, con un total de 1.396,2 millones. En el periodo comprendido entre 2018 y 2023, el incremento ha sido del 18,25%, un esfuerzo presupuestario que permite a Andalucía liderar la clasificación de las regiones que más gastan en educación superior.

Al margen de ello, en ese periodo, además, la Junta de Andalucía ha autorizado a las universidades un plan de inversiones de infraestructuras por valor de 165 millones hasta 2023 y ha satisfecho la deuda de más de 800 millones contraída con ellas en años previos a 2019.