Actividad en los juzgados en el segundo trimestre

El parón del confinamiento agrava la pendencia judicial un 9% en Huelva

  • La capacidad de jueces y magistrados para resolver los asuntos cae un 45,5% debido al estado de alarma, donde únicamente se despacharon los trámites “urgentes e inaplazables”

Una funcionaria del Palacio de Justicia de Huelva trabaja protegida por una mampara. Una funcionaria del Palacio de Justicia de Huelva trabaja protegida por una mampara.

Una funcionaria del Palacio de Justicia de Huelva trabaja protegida por una mampara. / Josué Correa (Huelva)

Los juzgados onubenses no han salido indemnes del frenazo que se vio obligada a dar la Justicia (como otros tantos órdenes de nuestra sociedad y nuestra vida) en el segundo trimestre de este año, con la irrupción de la pandemia de la Covid-19 y el decreto gubernamental del estado de alarma que lo paralizó todo. Así lo constatan los datos provinciales de los Informes por territorios sobre la actividad de los órganos judiciales, una completa estadística trimestral publicada recientemente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y analizada por Huelva Información, de la que se desprende que los asuntos abiertos en los 42 órganos de la provincia se elevaron a 41.400 el 30 de junio pasado, una pendencia un 9% superior a la del mismo plazo de 2019.

Como indican al respecto fuentes judiciales a este diario, “en marzo de cortó todo y hasta el 4 de junio no se movió prácticamente nada”, a excepción de las tramitaciones más “urgentes e inaplazables, como las de los juzgados de guardia, las causas con presos, los juzgados de Violencia o de Menores, o algún asunto muy concreto en lo Social o los Contenciosos”.

Casi 3.000 procedimientos irresolutos acumularon las jurisdicciones judiciales de la provincia entre el 1 de abril y el 30 de junio. Los ingresados llegaron a caer un 29,4% por la situación sanitaria, situándose en 12.243, pero el confinamiento y la suspensión de los plazos también redujo drásticamente la capacidad de jueces y magistrados para resolverlos, concretamente un 45,5%, pasando de 17.029 resoluciones en el segundo trimestre del año pasado a las 9.289 de este.

Seis de cada diez asuntos por resolver al final del lapso analizado en el territorio onubense corresponden al orden civil, 25.050 en total que corresponde a una media de 1.002 expedientes por cada uno de los 25 juzgados con competencias en esta jurisdicción.

Los expedientes en trámite al final del trimestre en los 42 órganos judiciales de la provincia fueron 41.400

La clave está en que prácticamente en todos los órganos se desplomó la entrada de asuntos, pero la notable merma de la capacidad de resolución de los mismos ha disparado la pendencia y ha agravado la tasa de congestión, que en el caso de los juzgados civiles es del 108,7%.

Los siete órganos de Primera Instancia de Huelva ingresaron 2.335 expedientes (el 18,2% menos que en 2019) y dieron salida a 1.384 (el 55,4% menos). Aquí se produce un hecho excepcional: consiguen rebajar los asuntos por cerrar en un 3,6% con respecto al año anterior, un comportamiento que solo sigue la Sección Segunda de la Audiencia, donde se ingresaron entre abril y junio 149 procedimientos (-62%), se resolvieron 388 (-4%) y quedaron pendientes 118, el 56,5% menos que un año antes, disminuyendo notablemente su pendencia, que se fija en 118 asuntos en trámite al final del periodo.

El Juzgado de lo Mercantil, con 74 ingresos (46%) y 67 resoluciones (-44,2%), aguanta el tipo con 661 procedimientos pendientes, el 15% más que en 2019 y solo siete más que al inicio de abril. Su tasa de congestión se sitúa en el 87,6%.

El de Familia clausuró el trimestre con 2.210 expedientes en trámite, el 9,2% más que un año atrás, y con una tasa de congestión del 78,8%. Ingresó 624 casos durante el estado de alarma y el retorno a la normalidad (-13,5%) pero solo pudo resolver 347, casi la mitad que en 2019.  Las fuentes judiciales de este periódico precisan que la situación mejorará notablemente a finales de este año, cuando comience a funcionar el Familia 2. En estos momentos se está pendiente del nombramiento del nuevo magistrado de este órgano, algo que previsiblemente se producirá a lo largo del mes de noviembre. “Con dos juzgados ya es otra cosa y se puede arrancar”.

El atasco de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (Mixtos) de la provincia queda patente en los datos del CGPJ para sus asuntos civiles. Los 14 existentes en los partidos judiciales de Ayamonte, Aracena, La Palma del Condado, Moguer y Valverde del Camino cerraron junio con 11.236 anotaciones pendientes, el 17,1% más que un año antes que caben a una media de 802 procedimientos por cada órgano. Ingresaron en el segundo trimestre de este año 1.882 (-26,1%), pero no pudieron resolver más que 1.086, un -49,4%).

Acceso al Palacio de Justicia de Huelva. Acceso al Palacio de Justicia de Huelva.

Acceso al Palacio de Justicia de Huelva. / Alberto Domínguez (Huelva)

En este sentido, las fuentes de este diario precisan que si en los Mixtos “tienes guardia, no puedes sacar nada adelante; hay que dividir las jurisdicciones, que ya lo sabe todo el mundo, pero no se aprueba y este es el caos que se está produciendo”.

El propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) indica en su última Memoria que “con los datos estadísticos de los últimos años sería necesario un aumento de la dotación de plazas judiciales en los partidos de Ayamonte, La Palma del Condado y Moguer, demarcaciones en las que se supera ampliamente la carga referencial de entrada de asuntos civiles y penales”.

En el orden penal, los casos pendientes han pasado de ser 8.311 entre abril y junio del año pasado a los 9.899 de este, un 19,1% más. Estos significan el 23,9% del total de procedimientos en trámite al final del trimestre, con una tasa de congestión relativamente baja, del 48,7%. Los expedientes ingresados ascendieron a 6.231 (-32,2%), de los que se resolvieron 5.436 (-41,3%) en los meses del confinamiento y el inicio de la desescalada.

Aquí los juzgados Mixtos adolecen de una tasa de congestión del 59,4%, por encima de la media, que en el caso de Ayamonte llega a ser del 79,3%, y en el de La Palma del Condado se eleva al 104,6%. Los jueces de los 14 órganos de Primera Instancia e Instrucción onubenses registraron en el segundo trimestre una entrada de 2.992 asuntos (-31,9%),  llegando a despachar otros 2.530 (-44,3%), lo que les hizo finalizar junio con 6.078 casos pendientes, el 17,9% más que en el mismo plazo de 2019.

Los cinco órganos de Instrucción de Huelva recepcionaron 2.012 anotaciones en el trimestre analizado (-35,9%) y resolvieron 1.714 (-44,9%), quedando en trámite 2.186, un 26,5% interanual más . Su congestión es del 59,4%.

La cuestión penal en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer dejó un saldo de 722 ingresos (un 6% más), 614 resoluciones (-5,4%) y 967 procedimientos pendientes (+17,9%). En este caso, la tasa de congestión fue del 31,9%, una cifra que en el Juzgado de Menores se eleva al 104,6%, con 40 expedientes entrantes (-44,4%), 43 resueltos (-43,4%) y 192 por solventar (+51,2%).

La jurisdicción social sufre un “atasco fuerte” que está llevando el señalamiento de juicios “a 2022”

En lo que atañe a los cuatro Juzgados de lo Penal de la capital, los procedimientos ingresados fueron 170 (-61,5%), los resueltos, 179 (-56,9%), y los pendientes, 376 (-24,6%). Su congestión fue del 42,7%, muy superior al de las dos secciones penales de la Audiencia Provincial, la Primera y la Tercera, donde solo era del 7,1% al final de junio. Estas tuvieron 295 procedimientos de nueva incorporación (-35,4%), despacharon 356 (el 24,9% menos que en 2019) y dejaron pendientes 100 (-45,1%).

Si hay una jurisdicción que preocupa en Huelva, esa es la Social, la que se ocupa de los asuntos laborales. El módulo de entrada de asuntos referencial del CGPJ para estos órganos es de 800 al año por juzgado. Los tres onubenses, sin embargo, ingresaron 695 solo en el segundo trimestre y pese al confinamiento; eso sí, fueron el 35,2% menos que un año antes. Su tasa de congestión es del 181,9%, la más alta de todos los órdenes. Se resolvieron 320 expedientes (-65,1%) y quedaron 5.152 en trámite el 30 de junio, 1.717 por juzgado.

Existe, pues, un “atasco fuerte” que está llevando el señalamiento de juicios “a 2022”. Y la situación se agravará “con los ERTE, los impagos, el desempleo”. Pese a todo, es probable que a finales de este ejercicio comience a funcionar el tan reclamado Juzgado de lo Social 4, un balón de oxígeno para la jurisdicción.

La última jurisdicción, la Contencioso-Administrativa, tiene una tasa de colapso del 34,7%, con 208 casos ingresados (-38,3%), 229 resueltos (-34,4%) y 1.299 pendientes (.6,2%).

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