El Código Penal actual contempla la imposición de penas que evitan el paso por una prisión de los condenados. Es el caso de los trabajos en beneficio de la comunidad o las suspensiones y sustituciones de condenas, modalidades con las que se persigue evitar "los efectos desocializadores que implican las penas privativas de libertad, y hacer, de alguna manera, que la persona condenada puede reparar el daño causado a la sociedad desde ésta misma", según informa la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Corresponde al Centro de Inserción Social (CIS) de Huelva recepcionar los mandamientos de los jueces sobre las penas y medidas alternativas, 373 en total en el tercer trimestre del pasado año, según los datos de la estadística penitenciaria a la que ha accedido Huelva Información. El grueso de ellos, 249 (el 66,7%), corresponde a trabajos en beneficio de la comunidad, pena privativa de derechos pero no de libertad cuya imposición requiere el consentimiento del penado y le obliga a prestar su cooperación no retribuida en determinadas actividades de utilidad pública.

La Fiscalía asegura que este tipo de medidas "está funcionando bien con los maltratadores"

Los jueces onubenses fueron entre julio y septiembre los terceros de Andalucía que mayor volumen de mandamientos de trabajos en beneficio de la comunidad ejecutaron, órdenes rebasadas únicamente por la judicatura sevillana, con 513, y la jiennense, con 250.

Casi la mitad de las órdenes judiciales de ejecución de trabajos comunitarios -concretamente el 49,8% en los meses de julio, agosto y septiembre- se centran en delitos de seguridad vial. Fuentes del Ministerio Público consultadas por este rotativo indican que suelen ser por condenas leves y el pago de las mismas no rebasan el año, quedando sujetas, además, a la obligación de no volver a delinquir para evitar su revocación. No cumplir con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad da lugar a la comisión del delito de quebrantamiento de condena y es el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el que está atento a cualquier vicisitud que acontezca al respecto.

En el tercer trimestre de este año, 78 de las personas -todos hombres- que deben realizar trabajos en beneficio de la comunidad en nuestra provincia habían sido previamente condenadas por violencia de género. Significan el 31,3% del global. "Este tipo de medidas alternativas a la prisión está dando muy buen resultado con los maltratadores", apuntan las fuentes requeridas por este diario.

Otros 44 mandamientos judiciales sobre estos trabajos (17,7%) pesan sobre personas que habían cometido delitos y faltas de lesiones, 41 de ellos, hombres.

Esta actividad no tiene retribución y fluctúa entre un mínimo de cuatro horas diarias (aunque podrían ser dos si está justificado) y un máximo de ocho, si bien se adapta a la cualificación y a las circunstancias personales de los procesados, a los que el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del CIS les realiza una entrevista previa. "No se trata de fastidiar su plan laboral, sino su tiempo de ocio", señalan las fuentes de la Fiscalía. En esta entrevista se les ofertan las distintas plazas existentes con indicación expresa de las funciones a desempañar y del horario en que debe desarrollarlas, y se elabora el plan de ejecución de la medida.

En Huelva hay disponibles 736 plazas para el cumplimiento de las penas de trabajos comunitarios distribuidas en 139 destinos distintos, según informó a este periódico Instituciones Penitenciarias. El mayor número de ellas se concentra en entidades locales con convenio, 281 en 17 destinos diferentes de la provincia. Otras 170 plazas están disponibles en los 45 destinos de entidades locales no concertadas.

Los reos onubenses también pueden dar cumplimiento a este tipo de penas en siete ONG o colectivos con convenio (36 plazas) y en otros 66 sin acuerdo (120 plazas). Además, se dispone de otras 120 vacantes en la cárcel y el CIS y dos plazas más en una administración pública estatal.

El penado onubense cumple con lo impuesto por la Justicia en Huelva -si aquí reside- "independientemente de donde haya cometido el delito", detalla el Ministerio Fiscal. La finalidad de la sanción es compensar a la sociedad por el daño que el condenado ha causado a la misma, por lo que consiste en realizar actividades de utilidad pública, de interés social o de valor educativo.