Huelva

El 21% de los concursos de acreedores ha llegado de la mano de particulares

  • El último año se ha cerrado con 38 expedientes en Huelva, de los que 8 han sido provocados por la insolvencia de particulares · De los 30 casos de empresas se han resuelto cinco, que han terminado con la suspensión de 90 empleos

La insolvencia se ha disparado en Huelva, donde el año que acaba de terminar se ha cerrado con 38 concursos de acreedores (antigua suspensión de pagos), lo que supone multiplicar casi por diez el número de casos que se registraron en 2007 (cuatro), cuando se comenzó a intuir la crisis. El dato por sí mismo es alarmante, porque detrás deja, de momento, a cerca de un centenar de trabajadores, sin empleo. Pero quizá lo peor es que más de la quinta parte de esos concursos ha llegado de la mano de particulares, un colectivo que hasta ahora no había entrado a formar parte de este tipo de expedientes.

Tras el verano se comenzó a detectar la saturación de trabajo que la crisis estaba provocando en el juzgado de lo Mercantil de Huelva (donde se tramita este tipo de expedientes). Ya entonces se había alcanzado un aumento del 525% en el número de concursos de acreedores que entraban para demostrar la supuesta insolvencia de empresas y particulares. Pero en el cuatro trimestre, como se preveía desde el propio juzgado, la situación se agravó aún más. Entre octubre y diciembre se han atendido trece casos más, lo que supone más de la tercera parte de todos los del año. Y de esos trece, dos han llegado de la mano de particulares, que se suman a los seis que ya había hasta septiembre. Así, han sido ocho las familias onubenses las que se han visto obligadas a acudir a los juzgados ante una situación desesperada, que en la mayoría de los casos llega por el elevado endeudamiento al que le ha llevado su hipoteca después de haber recurrido a financieras, con las que lo único que han conseguido es endeudarse más de lo que estaban.

Las previsiones para este año que acaba de comenzar no son mejores. De hecho, se espera una avalancha de casos, porque como apuntan fuentes del juzgado "los expedientes son un reflejo de la sociedad y cada vez hay más impagos". Y un dato que lo corrobora. En sólo una semana de este año ya han entrado dos casos más.

En el caso de las empresas, la mayor parte de las 'suspensiones de pagos' ha llegado de la mano de firmas de la construcción o de aquéllas que dependen directamente del sector (escayolistas, fontanerías, etc.). Así, de las 30 empresas afectadas, 27 pertenecen a este campo, dos a la pesca y sus servicios auxiliares y una a la fabricación de calzado. De momento se han resuelto cinco casos, que han terminado con Expedientes de Regulación de Empleo para cerca de 90 trabajadores.

Los concursos de acreedores precisan de una tramitación extensa que está provocando que, aunque la normativa apunte a un tiempo máximo de resolución de ocho meses, los expedientes se extiendan a lo largo de dos años. Y es que a diferencia del régimen anterior (en el que se diferenciaban los casos de quiebra, suspensión de pagos y concurso de acreedores), la nueva regulación concursal y los procedimientos que ella instaura tienen como único y absoluto objetivo la conservación del patrimonio y el afán por evitar a toda costa la desaparición de los negocios y sus consecuencias, según fuentes judiciales. Por ello, y a pesar de que en algunos casos los acreedores deban quedarse sin cobrar toda o parte de su deuda, o tengan que esperar largo tiempo para cobrarlas, lo más importante es que la actividad económica no desaparezca.

Para ello, se debe demostrar que la insolvencia es real (el concursal es un procedimiento ideado para paliar los posibles efectos nocivos de la insolvencia), con lo que la documentación exigida parte de los últimos tres años de actividad. Esta situación ha provocado dos efectos: la sobredimensión del trabajo en los juzgados y la presentación incompleta de expedientes, con los que se acredita la insolvencia.

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