Poco ha cambiado la historia en doce meses, sentencias judiciales al margen. El centenar de científicos que han recibido el encargo de estudiar la situación y futuro de las balsas de fosfoyeso lanzó en 2016 una petición de fondos para hacer frente a sus trabajos: alrededor de 800.000 euros. Ahora, a sólo dos días de cumplirse un año de que trascendiera públicamente esa demanda, el comité de expertos mantiene esa necesidad, que es un objetivo prioritario para el 2017 que acaba de comenzar.

De la propia Mesa de los Fosfoyesos, impulsada desde el Ayuntamiento, salió en septiembre pasado una subcomisión, llamada de financiación, con el encargo único de lograr 700.000 euros este año para sufragar los estudios encargados. De ello depende que se puedan finalizar y tener a tiempo las esperadas conclusiones en el primer trimestre de 2018.

Poco después, en noviembre, se iniciaron los trabajos de campo en las marismas del Tinto. No es que se hubiera adelantado con éxito la colecta, es que ya se había hecho una provisión inicial de 100.000 euros, por parte de la Universidad de Huelva, con fondos de la Consejería de Economía y Conocimiento, para esa primera fase del estudio.

Han pasado tres meses desde la reunión de aquella subcomisión a cuatro bandas (Gobierno, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Huelva y Universidad). Y cierto que sólo han transcurrido diez días del nuevo año. Pero no se sabe nada aún de las gestiones realizadas, de sus frutos o fracasos, ni de su planificación. Probablemente en la próxima reunión de la Mesa de los Fosfoyesos se informe de ello, como también de los primeros pasos dados por el comité de expertos en el planteamiento de sus trabajos.

Fue en el último mes de septiembre también cuando se puso en el horizonte el primer trimestre de 2018. Entonces se habló de 18 meses como margen dado a los científicos en su búsqueda de una solución efectiva a los fosfoyesos depositados por Fertiberia. Se entiende que sólo si los estudios pudieran ejecutarse a lo largo de este año por la llegada de fondos, en cuyo caso contrario, aún sin mencionarlo, cabría un retraso no esperado por nadie.

El delegado de la Junta en Huelva, Francisco Romero, ya avanzó que, tras la aportación inicial, se confiaba en abrir nuevas vías de financiación a través de otras consejerías, a la espera de que "otras administraciones también aporten". El subdelegado del Gobierno en funciones, Manuel Iglesias, por si acaso aquello iba por el Estado, advirtió sobre el "momento complicado en el que estamos", que hace "difícil asumir compromisos de gastos". El alcalde, por su parte, en aquel acto, ni sacó la cartera ni la escondió.

En paralelo, y pese al varapalo que supuso ayer para la compañía la sentencia sobre el aval para su ejecución, Fertiberia no da un paso atrás en poner en marcha su plan, aunque siga dilatando el proceso en los tribunales. La Audiencia Nacional desestimó en noviembre la petición de Mesa de la Ría de que el proyecto de restauración se ampliase en otras 278 hectáreas. Y en diciembre dictó un auto por el que pospone su decisión sobre el proyecto presentado por la empresa hasta que no se tramiten las definitivas Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por el Ministerio y la Autorización Ambiental Integrada (AAI) por la Junta. Se prolonga la espera.