El Foro Iberoamericano de La Rábida ha acogido un encuentro entre representantes de la comunidad educativa y alcaldes de la provincia tras la petición realizada a la Diputación Provincial de Huelva por parte de tres asociaciones del ámbito educativo provincial ante el inminente inicio del curso escolar 2020/2021 que viene marcado por la situación sanitaria a consecuencia del Covid-19.

Solicitaron el encuentro Asadipre (Asociación Andaluza de Directoras/es de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares) en la provincia; la junta directiva de Adián (Asociación de Directoras y Directores de Instituto de Educación Secundaria de Andalucía) y la Fampa provincial Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí.

En la reunión participaron unas 140 personas entre representantes de la comunidad educativa y alcaldes.

Durante la puesta en común, el presidente de la institución provincial, Ignacio Caraballo, ha compartido con todos los asistentes su preocupación por la situación a la que se enfrentan ambas partes a la hora de coordinar y gestionar tanto los protocolos sanitarios establecidos como los recursos de que disponen para hacer frente al inicio del curso escolar ya que, a fecha de hoy, no cuentan “con una previsión clara por parte de la Junta de Andalucía” para poder planificar y organizar la vuelta a las aulas de forma segura.

En la provincia de Huelva existen 288 centros educativos públicos de los que 76 son sostenidos por la Junta de Andalucía y 212 por los entes locales.

La celebración de esta reunión ha permitido que tanto los responsables municipales como los representantes de la comunidad educativa puedan exponer sus inquietudes e incertidumbre ante la próxima apertura de las aulas en el mes de septiembre.

Especialmente, los directores de los centros educativos han hecho hincapié en cuestiones tales como la no responsabilidad de los centros en cuanto a la salud del alumnado, no poder garantizar las salidas y entradas escalonadas o el hecho de no saber aún quién va a realizar la desinfección de las instalaciones, una vez que los ayuntamientos tienen un informe de los servicios jurídicos de la Diputación que respalda su no competencia en este ámbito.

El papel de la Diputación Provincial de Huelva en este encuentro ha sido el de agente facilitador y mediador entre los responsables municipales y los representantes de los centros educativos, siguiendo la línea de actuación de la institución provincial marcada por la situación extraordinaria y excepcional actual, a la que el ente provincial ha hecho frente poniendo todos sus recursos al servicio de los ayuntamientos y, en consecuencia, de toda la ciudadanía.