Los colegios de la capital arrancan ya motores y tratan de adaptar sus instalaciones a los protocolos establecidos a consecuencia de la Covid-19. Las labores de conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de Educación Infantil de segundo ciclo, Educación Primaria y Educación Especial corresponden a los gobiernos locales y en virtud de la normativa que así lo establece, el Ayuntamiento de Huelva comenzó ese proceso la pasada semana.

Las primeras actuaciones se han realizado en el CEIP José Oliva. Por un lado, se ha ampliado el comedor, donde ya el curso pasado tuvieron que organizar dos turnos puesto que hasta 250 alumnos hacían uso de dicho servicio. Además, el centro contará con un segundo acceso gracias a la apertura de una cancela.En el CEIP Tartessos las obras acaban de comenzar y consisten también en la ampliación del comedor.

El Servicio de Mantenimiento de Edificios Municipales, dependiente de la Concejalía de Hábitat Urbano e Infraestructuras del Consistorio de la capital, también acometerá obras en los centros Virgen del Pilar y Sagrada Familia. En el primero de ellos el objetivo es la reconstrucción de un muro exterior que había cedido, con el consiguiente riesgo de derrumbe. En ese mismo sentido, las obras en el CEEE Sagrada Familia consistirán en la renovación de la valla perimetral.

Ya a lo largo del próximo mes de septiembre le tocará el turno al CEIP Quinto Centenario donde, al igual que en el José Oliva, se ha abierto un segundo acceso al centro en su cancela exterior.

Esta semana es el turno del CEIP Tartessos, donde se ejecuta la ampliación del comedor del centro

De cara al nuevo curso que está a punto de empezar, los centros educativos tratan de maximizar sus recursos en cumplimiento de las nuevas exigencias que impone la realidad de la pandemia del coronavirus. La necesidad de garantizar la distancia de seguridad es la gran encrucijada a la que se enfrentan y que condicionará el uso de las instalaciones.

En primer lugar, para que los accesos no se conviertan en un gran embudo, lo mismo respecto al tránsito interno para acudir a los servicios, a las distintas aulas, la salida al patio, etcétera. La casuística es infinita y tan variada como colegios hay, así, cada uno de ellos debe planificarse, según su número de alumnos y capacidad de sus instalaciones, y barajar posibles desdobles de clases, establecer turnos de recreo o comedor, etcétera.

El pasado mes de julio la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía dio a conocer unas instrucciones para el curso 2020/2021. El documento indica que cada centro debe diseñar un protocolo según sus propias características y siempre en atención al marco establecido por la Consejería de Salud y Familias.

La fecha límite fijada para la finalización de ese protocolo es el 10 de septiembre, aunque muchos centros de Enseñanza Secundaria Obligatoria deberán adelantarlo y tenerlo listo antes de las pruebas extraordinarias de septiembre, en los primeros días del mes.

La necesidad de garantizar la distancia de seguridad condiciona los edificios de los colegios

La acometida de las obras en los centros de la capital onubense que comenzó la semana pasada comenzó a fraguarse a finales del pasado mes de julio. El día 30 tuvo lugar la primera reunión entre representantes del Ayuntamiento y de varios colegios. De parte del gobierno local asistieron el concejal de Régimen Interior, Recursos Humanos y Modernización Digital, José Fernández; la concejal de Hábitat Urbano e Infraestructuras, Esther Cumbrera; y la concejal de Comercio y Mercados, Tania González.

De otro lado, participaron en el encuentro representantes de la Asociación Andaluza de Directoras y Directores de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), en concreto las directoras de los colegios José Oliva, Quinto Centenario, Tartessos, Juvenal de Vega y 12 de Octubre de la capital onubense.

José Fernández manifestó el compromiso del Ayuntamiento para ayudar “a los centros a conseguir entornos seguros” y también que los requisitos marcados por la Consejería de Educación supondrían al Consistorio “un gasto adicional para las arcas municipales de 35.000 euros al mes para el que no hemos recibido ninguna dotación presupuestaria”.