El sindicato Acaip-UGT Huelva ha emitido un comunicado para denunciar la impasibilidad que la Administración Penitenciaria, el Defensor del Pueblo Andaluz, la Consejería de Salud y Familia e Inspección de Trabajo están mostrando ante la "carencia de facultativos, que podría acabar en el colapso de la sanidad en el centro penitenciario de Huelva, inaugurado hace ya casi 25 años".

De esta manera, el sindicato ha asegurado que a partir de este pasado domingo, el centro carece de asistencia facultativa al no contar con la presencia continua de un médico durante las 24 horas, produciéndose en el centro penitenciario de La Ribera “un menoscabo del cuidado de la salud de la población reclusa y, a su vez, también de la seguridad del centro”.

En el comunicado, hacen saber que la plantilla médica del centro penitenciario debería contar con ocho colegiados. Sin embargo, a día de hoy, está formada solo por la subdirectora médica y un médico en activo, debido a “que ha ido perdiendo irremediablemente efectivos sin que la Administración haya resuelto este problema crónico”, según han declarado desde el sindicato.

La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias en relación a la falta de atención médica de los reclusos han indicado que “la tan menguada plantilla de doctores ya no puede hacer frente a la atención sanitaria que necesita la población reclusa onubense, afectada por innumerables patologías infectocontagiosas, psiquiátricas, enfermedades neurodegenerativas, SIDA, hepatitis, etcétera y que en su mayor parte es drogodependiente, así como de las urgencias vitales o de las urgencias por lesiones derivadas de agresiones entre los internos, cargando parte de estas funciones al resto del equipo sanitario del centro”.

Durante años la asistencia médica se ha ido progresivamente "resintiendo hasta llegar a la degeneración que vivimos en la actualidad”. “Toda esta situación bochornosa es la culminación de la dejación de funciones del Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Ortiz, en la que está literalmente dejando morir la sanidad penitenciaria, convirtiendo en habitual la carencia de facultativos en los centros penitenciarios, y desdeñando su obligación de cuidar el derecho a la salud de la población reclusa española”, según ha constatado.

Además, ha resaltado el hecho de que “comprobamos que el señor Ortiz ha apostado por menoscabar el carácter público del servicio sanitario penitenciario. Ni siquiera es capaz de cumplir el mandato legal desde 2003 de traspasar las competencias sanitarias penitenciarias a las Comunidades Autónomas. Y desde nuestro sindicato no descartamos que esta situación sea la excusa para una privatización de la asistencia sanitaria penitenciaria”.

También ha añadido el sindicato, refiriéndose al secretario general de Instituciones Penitenciarias que “esta dilación en buscar soluciones a este grave problema sanitario se une a su incapacidad para resolver el conflicto colectivo abierto con los trabajadores penitenciarios, que dura más de tres años, que está lejos de solucionarse, con peticiones como el reconocimiento legal de los funcionarios como agentes de la autoridad, adscripción a un grupo superior de la administración, subidas salariales equiparables a las conseguidas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, compañeros de ministerio, etcétera”.

Por último, Acaip- UGT ha finalizado manifestando que “la situación descrita es una muestra más de la decadencia de la administración penitenciaria, en la que no se realiza una prestación de un servicio público acorde la importancia del mandato constitucional y donde hay un empeoramiento paulatino de las condiciones laborales de los trabajadores penitenciarios y de la seguridad de los centros”.