El juez cita a cien imputados y mil testigos por los cursos de formación

Durante varios meses se prolongará la toma de declaración a imputados y testigos relacionados con la trama de los cursos de formación para desempleados financiados por la Junta de Andalucía en Huelva, tras la investigación desarrollada al respecto por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en el marco de la operación Eduende.

El juez del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva ha comenzado a tomar declaración a imputados y testigos de la causa abierta por presuntas estafas, falsedades y fraude de subvenciones en los cursos de formación impartidos en Huelva en el año 2011.

Desde esta semana y hasta finales de mayo de 2016, el juez cita para que comparezcan a cerca de 100 imputados, todos ellos propietarios o representantes legales de las 29 empresas que se investigan desde septiembre de 2014, así como a 1.000 testigos.

Las empresas investigadas forman parte de un grupo más amplio, en el que se incluyen también 30 asociaciones y 30 corporaciones locales, que aparecen como receptoras de una partida de 12.175.248 euros aprobada el 21 de febrero de 2011 por la Dirección Provincial de Huelva del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), según aportó la UDEF al titular del juzgado de instrucción.

Una vez que la Policía tomó declaración (desde octubre de 2014) a alumnos, profesores, empresarios y técnicos de la Junta de Andalucía relacionados con estos cursos de formación, y a la vista de los resultados policiales, el juez quiere escuchar a estos 1.000 testigos y 100 imputados, antes de llamar a declarar a los distintos cargos directivos de la Junta vinculados con estos cursos de formación, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Un total de 53 personas comparecieron el pasado mes de junio ante la Policía Nacional en Huelva para prestar declaración en el marco de la operación Eduende. Todas ellas declararon en calidad de detenidas y quedaron el libertad con cargos y a disposición del juzgado.

De todos los comparecientes trascendió la citación del alcalde socialista de Punta Umbría, Gonzalo Rodríguez Nevado, que acudió a la comisaría para ser interrogado en relación con un curso de formación impartido en 2011 por su empresa familiar. También lo hizo el que fuera durante veinte años alcalde socialista de El Campillo, Fernando Pineda, en relación a un curso impartido, también en 2011, por el Centro de Empresas de Riotinto (CER), del que fue presidente; así como el gerente de esta entidad.

Rodríguez Nevado acudió a declarar 48 horas después de su investidura. En su defensa argumentó que se desvinculó en 2007 de la empresa cuyas ayudas a la formación se investigan.

Unidos por Punta Umbría (UPU) solicitó entonces la comparecencia ante la comisión de investigación relativa a las concesiones de las ayudas de Rodríguez Nevado, administrador único de El Paraíso de la Dehesa, entre 2005 y 2012, empresa que recibió subvenciones.

El regidor de Punta Umbría declaró en un entrevista a Huelva Información que si finalmente era imputado dimitiría como alcalde. El juzgado ha elaborado el calendario de las comparecencias, pero no ha trascendido. A partir del próximo 6 de diciembre el término imputado empleado hasta ahora desaparece para utilizar el de investigado. Tras la primera fase de las declaraciones, el juez determinará si continúa la causa.