Noviembre de 2015. Esta es la nueva fecha marcada en rojo en el calendario para el inicio de las obras del Centro de Ensayos y Experimentación de Aviones no Tripulados de medio y gran tamaño (CEUS), que ya cuenta con la obligatoria Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable. Así lo confirmó ayer el subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez Viguera, quien anunció que en los próximos días será publicada en el BOE esta autorización emitida por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.

Aunque la construcción del centro se anunció para el pasado mes de junio, las máquinas no moverán la tierra hasta finales del año próximo. Las pistas estarán finalizadas en febrero de 2016 -dentro de año y medio- y la conclusión de la obra al completo será en julio de 2016, según precisó a este periódico el director del proyecto, Álvaro Gómez.

Hasta ahora ha sido necesario -además de la citada obtención de la DIA- realizar varias modificaciones en el proyecto (de ubicación y superficie) y la desafección de las 75 hectáreas de terreno de monte público de las instalaciones de El Arenosillo, donde se ubicará el centro, realizada por la Junta en noviembre de 2013 por la prevalencia del interés científico.

Aunque el fin de 2015 marcaba el límite para la puesta en funcionamiento de la infraestructura debido a las exigencias de los Fondos Feder aplicados, Pérez Viguera apuntó que se ha concedido una prórroga para que la partida de los socios no peligre.

No en vano, 21 de los 40 millones de inversión serán aportados por el Ministerio de Economía a través de estos fondos europeos, mientras que la agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) de la Junta pondrá 9 y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) los diez restantes. No obstante, el subdelegado abogó por que comiencen las obras "con carácter inmediato" al estar concluido ya el primer gran trámite medioambiental.

Tras la emisión de la DIA, quedan por delante dos trámites administrativos. En primer lugar, está por completarse la parte medioambiental, integrando esa autorización estatal en el marco regional con el resto de autorizaciones, como las relativas, por ejemplo, al agua. O lo que es lo mismo, la Autorización Ambiental Unificada (AAU), un trámite que corresponde a la Junta de Andalucía. Por otro lado está la parte urbanística. Al ubicarse la infraestructura en un espacio sensible, la Junta habilitará una declaración de interés autonómico para iniciar la construcción, si bien la gestión de los terrenos podrá afrontarse una vez ya emitida la AAU.

También queda por delante la adquisición de los terrenos, para lo cual, según avanzó Gómez, "estamos en negociación con el Ayuntamiento de Moguer", propietaria del solar.

"Tenemos todo el anteproyecto, está cerrada la integración como consecuencia de la DIA y vamos a licitar el proyecto de la obra. Tenemos previsto que empiece a ejecutarse la concesión a partir del mes de febrero, de forma que entre febrero, marzo y abril se terminará el proyecto. A partir de abril licitaremos el movimiento de tierra, así como las distintas partes de la ejecución de la obra", explicó Gómez.

La Ley de Contratos del Sector Público establece un periodo de licitación con 52 días de información, lo que lleva el proyecto a 110 o 120 días de tramitaciones. "Empezamos a sumar plazos y, yendo muy rápido, es lo más que podemos hacer", según valoró.

El proyecto ha contado con dos alegaciones (Ecologistas en Acción y WWF), referidas a la proximidad y el efecto del centro sobre el Parque Natural de Doñana. Ambas, según apuntó Gómez, fueron "respondidas sin mayor problema".

"Estamos en una zona muy sensible y tenemos que convencer a todos los entes de que realmente esto es un modelo productivo que no tiene impacto y que cuenta con una integración ambiental muy limpia. Aunque estamos fuera del Parque, lógicamente la zona que la rodea cuenta con una protección muy fuerte", aseguró.

El hecho de que las aeronaves tengan, entre otros, un uso militar no significa que las del centro proyectado lo vayan a tener. Porque el de Huelva será un centro en el que se desarrollen y califiquen este tipo de aviones no tripulados pero en el ámbito civil. De lo contrario, el proyecto "no contaría con fondos Feder". Además, el director afirmó que estos sistemas se están utilizando e incluso "son patrocinados por estos mismos grupos ecologistas en otras partes del mundo" para vigilar los parques nacionales.

Pérez Viguera destacó el apoyo del Gobierno central a esta iniciativa, para la que este año los PGE reservan una consignación de 730.000 euros y de 2,4 más para los próximos ejercicios. "Es un proyecto muy importante no sólo por lo que supone de modernidad, sino porque será fundamental para la creación de empleo en la provincia", valoró. Al menos unos 800 (300 directos y 500 inducidos), según las primeras estimaciones.