CCOO denuncia el discurso "de odio" del alcalde de Cartaya hacia las personas migrantes: "Basta de criminalizar"

Desde CCOO Huelva lamentan "profundamente" que el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso (PP), "haya vuelto a recurrir al sensacionalismo, la estigmatización y el discurso del miedo en un nuevo vídeo difundido en sus redes sociales, donde insiste en vincular la inmigración irregular con la delincuencia".

Denuncian que estas afirmaciones "irresponsables y carentes de rigor, deshumanicen a personas vulnerables y siembren el odio en una sociedad que necesita más que nunca cohesión, responsabilidad institucional y altura política".

Afirman que la realidad es que los datos oficiales, dicen, contradicen rotundamente las afirmaciones del alcalde. Así, apuntan que según el Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2023 el 13,37% de los hurtos fue cometido por personas africanas, frente al 65,73% por personas españolas; el 16,55% de robos correspondió a personas africanas y el 71,29% a nacionales y el 29,8% de robos con violencia por personas africanas, frente al 56,53% por personas españolas.

Estas cifras, señalan, demuestran que "no se puede criminalizar a un colectivo entero por su origen ni por su situación administrativa". El verdadero foco del problema, dien, está en la exclusión social, la pobreza y la explotación laboral, especialmente de aquellas personas que se ven forzadas a sobrevivir en la economía informal por falta de derechos y regularización.

La secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, aclara que “las personas migrantes no son culpables, son víctimas de un sistema que se aprovecha de su vulnerabilidad. Si el alcalde quiere acabar con la irregularidad, que empiece por combatir la explotación laboral y perseguir a quienes contratan sin contrato ni Seguridad Social.”

Apuntan que el uso público de objetos como cuchillos o herramientas como símbolo del “peligro” migrante "no son más que un recurso teatral indigno, que recuerda a épocas oscuras donde se culpaba a minorías de todos los males sociales".

Además, rechazan de forma tajante "los ataques personales que el alcalde ha dirigido a la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, por cumplir con su deber institucional de rechazar discursos xenófobos. Defender los valores constitucionales no es una opción: es una obligación democrática".

Desde CCOO Huelva, no descartan la posibilidad de poner hecho en conocimiento la Fiscalía, porque entiende que" se está cometiendo un delito de incitación al odio contra la población migrante". Y finalmente, hacemos un nuevo llamamiento a la responsabilidad institucional, a la defensa de la convivencia, "y a dejar de usar la inmigración como cortina de humo para tapar las verdaderas carencias del municipio".