El hartazgo de los electores con la clase política se ha multiplicado con la convocatoria de las nuevas elecciones generales para el 10 de noviembre y se ha reflejado también estas últimas semanas en la corriente de rechazo a la propaganda electoral personalizada en los buzones. Muchos han sido los que han dado el paso y lo han difundido en las redes sociales para que cundiera el ejemplo. En la provincia de Huelva, un total de 7.697 electores hasta el 7 de octubre pasado, fecha en la que se estableció el corte para esta próxima convocatoria electoral. Y pese a que ya no lleguen a tiempo para la campaña que empieza en cuatro días, la corriente sigue su curso y son más los que están cumplimentando el trámite. Parece que es el principio del final de la publicidad tradicional electoral.

Hasta ahora, las voces contrarias a los panfletos de los partidos en los buzones se sustentaban en un criterio ecologista, para el ahorro del papel que generalmente va a la basura directamente. También por un ahorro de dinero, para “evitar ser partícipes del despilfarro público de la maquinaria electoral”, que denuncian algunos de estos que se han animado ahora a dar el paso, en rechazo, además, a que sus datos del censo electoral sean compartidos con los partidos.

En España han sido un total de 810.367 personas las que han solicitado su exclusión de las listas de distribución de propaganda en los buzones. En Andalucía, la cifra ha llegado hasta las 150.841, siempre referidos al proceso en marcha de las generales. Y en ese conjunto, Huelva, también con el menor censo de todas, ha sido la provincia que menos trámites ha registrado a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), con los 7.697 referidos. Teniendo en cuenta la cifra de electores del 28 de abril pasado, 390.187, la cifra supone apenas un 2% del total del censo en Huelva.

Destaca el hecho de que las dos provincias andaluzas que más se asemejan a la onubense en cuanto a peso poblacional, Jaén y Almería, han tenido, compativamente, un aluvión de solicitudes: 11.631, la primera, y 9.324, la segunda. Más lejos quedan Córdoba, con 16.206; Granada, con 19.161, y Cádiz, con 20.255, y un poco más allá, Málaga (26.702) y, en cabeza, Sevilla (39.685).

Todos estos electores han dado el paso en internet, a través de la web del INE, en la que se ha habilitado un formulario a cumplimentar con certificado digital o con el sistema Cl@ve que dispone la Administración para aquellos que deban hacer trámites oficiales sin tener firma digital.

Hasta el 7 de marzo pasado no se habilitó esta fórmula, después de que el año pasado se lograra la reforma de la Ley Electoral General (LOREG) que ha dejado ahora en manos de los electores la posibilidad de controlar la publicidad electoral que les llega. Ésta es, pues, la segunda cita de unas generales con votantes ajenos a la propaganda en sus buzones tras la del 28 de abril. La tercera, contando las municipales.

Todo el que haya solicitado la baja en el buzoneo electoral no lo recibirá más. Quienes lo hayan tramitado antes del 7 de octubre, desde esta campaña que empieza ahora. Quienes lo hagan desde entonces, a partir de las próximas que se convoquen. Y así seguirá en sucesivas elecciones hasta que el propio elector no indique lo contrario con el mismo procedimiento.

No han trascendido datos del ahorro que supondrá el casi millón de envíos publicitarios que no se realizarán ahora en España. Tampoco, a menor escala, el coste evitado en Andalucía o en Huelva. Sí se ha hablado, y mucho, de los 140 millones de euros que, aproximadamente, supone el nuevo proceso electoral para las arcas del Estado. Y estos números han contribuido al hartazgo y el rechazo popular que se ha traducido en el trámite de la publicidad postal. Y esta vía sigue abierta para el futuro.