El preso más antiguo inicia una huelga de hambre para pedir su excarcelación

Montes Neiro lo ha comunidado a su famila al considerar que "ya ha pagado sus condenas"

M.r.f. / S.h. / Huelva

03 de diciembre 2010 - 01:00

Miguel Francisco Montes Neiro, considerado como el preso más antiguo de España por haber enlazado condenas desde hace 34 años (ninguna de ellas por delitos de sangre), inició ayer en el centro penitenciario de Huelva una huelga de hambre para exigir su excarcelación.

La hermana del interno, Encarnación Montes, confirmó a este diario el comienzo de esta acción de protesta, a pocos días de su traslado al penal onubense, al considerar que después de más de tres décadas internado "tiene ya las condenas más que pagadas" y afirmó que Instituciones Penitenciarias está cometiendo "un abuso" respecto a su hermano, de 60 años de edad.

El recluso, que lleva cumpliendo pena de cárcel desde el 7 de octubre de 1976 por una veintena de causas sin delitos de sangre, estaba ingresado en la prisión de Jaén II desde hace dos años, cuando fue trasladado desde el centro penitenciario de Granada, y ha llegado a la cárcel de Huelva hace poco más de una semana.

Montes Neiro, cuya condena más grave fueron seis años de cárcel por un delito contra la salud pública (tráfico de hachís), ha acumulado tanto tiempo en prisión porque en estos 34 años también ha estado fugado 1.400 días.

Para los tribunales, según el último recuento comunicado a la familia, no podrá salir de prisión hasta 2021, mientras que, según los cálculos de su abogado, se le deberían contabilizar 16.822 días en prisión provisional, es decir, 46 años y ocho meses, muy por encima del "plazo máximo" de 20 años.

La defensa de Miguel Montes Neiro dirigió un escrito de queja a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior por este nuevo traslado del recluso desde Jaén a Huelva, que considera pone en riesgo el recurso de casación que debe tramitarse ante el Tribunal Supremo.

Paralelamente, ha pedido que este desplazamiento sea investigado por un juez de Vigilancia Penitenciaria al considerar que se trata de una "sanción encubierta".

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