El pasado mes de julio se aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) en el Parlamento de Andalucía en la que el Grupo Socialista pedía una actuación urgente en la A-495, que une las localidades de San Bartolomé de la Torre con Rosal de la Frontera. Tres meses después, "el Gobierno de Moreno Bonilla no ha movido un dedo para solucionar un grave problema de seguridad a los usuarios de la vía, básicamente de esos dos pueblos y de Alosno, Tharsis, Cabezas Rubias y Santa Bárbara de Casa, el resto de municipios por los que pasa, presentando el firme en todo su recorrido un estado lamentable", apuntó la parlamentaria onubense y portavoz en la Comisión de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio en la Cámara autonómica, María Márquez.

Márquez se ha trasladado hoy hasta un punto de la carretera para denunciar una vez más la situación, en compañía de alcaldes y concejales de todos los municipios afectados. En ese punto había una pancarta reivindicativa "y la Junta la ha retirado y ha abierto un acta de denuncia a los ayuntamientos que aparecían". La parlamentaria señaló que “Nuestra respuesta es seguir reclamando el arreglo. Hacemos una petición muy clara, reivindicarle una vez más a la Junta de Andalucía, concretamente a la Consejería de Fomento, el arreglo urgente de esta carretera, especialmente del tramo comprendido entre Cabezas Rubias y Santa Bárbara de Casa, que es el que está peor”.

Tanto Márquez como los alcaldes de estas dos localidades, Rafael González, de Cabezas Rubias, y de Santa Bárbara, Leonardo Romero, recordaron que llevan casi dos años denunciando esta situación y “nos sentimos engañados, nos han mentido a todos porque no se han cumplido los plazos y nada se sabe de la licitación del proyecto, que se anunció a los medios de manera apresurada justo el día antes de una concentración que anunciaron los alcaldes y alcaldesas al ver que no se cumplía nada de lo prometido”, comentó la parlamentaria.

Indicó que el pasado mes de mayo se anunciaron acciones reivindicativas con los pueblos afectados; en junio se hizo una pregunta en el Parlamento a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, quien dijo que estaba previsto acometer la mejora; en julio se presentó la PNL por parte del Grupo Socialista en la Cámara, que logró el apoyo de todos los grupos con representación parlamentaria; el 30 de julio se licitó el proyecto "y hasta la fecha no se ha movido ni un solo papel más".

Los ediles mostraron su indignación al respecto. Rafael González ha exigido a la Junta que cumpla, “a finales de agosto recibimos la visita del delegado territorial, José Manuel Correa, quien nos dijo que la licitación del tramo saldría a mediados de septiembre, en octubre estarían las máquinas trabajando y en diciembre estaría terminada. Nada. Los usuarios corren un serio riesgo de accidente”.

Leonardo Romero subrayó que “hemos sido leales, respetuosos y hemos confiado, pero claramente nos han mentido y mi pueblo se siente engañado”. El alcalde de Santa Bárbara apuntó que “unos 70 vecinos se juegan la vida diariamente para acudir a sus puestos de trabajo y el invierno se acerca y las lluvias harán que la carretera sea intransitable, volverán los reventones de rueda y la rotura de cristales”. Según Romero, la vía vio aumentado su volumen de tráfico desde que Portugal implantó el peaje en su autopista, porque los usuarios y transportistas que prefieren no pagar utilizan esta clase de vías secundarias para acceder al país vecino o salir de él y evitar el pago.

La parlamentaria socialista por Huelva realizó una “reflexión, petición y exigencia porque están haciendo lo contrario que se debe hacer para combatir la despoblación: cerrando centros de salud, como en El Almendro y Minas de Herrerías; cerrando puntos de urgencias, lo sabe bien la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón; recortando en las líneas del transporte, como ha denunciado la alcaldesa de Paymogo, María Dolores Fernández; y están deteriorando las infraestructuras, las comunicaciones de un territorio que necesita más que nunca del impulso de lo público, de las administraciones, para que haya igualdad de oportunidades en una comarca rural como es el Andévalo, que merece unas infraestructuras dignas, de calidad”.