El alcalde niega las irregularidades y Rafael González guarda silencio

Mañana agitada en el Palacio de Justicia de Ayamonte. Cinco de los nueve imputados en la causa abierta por la presunta trama de irregularidades urbanísticas en Isla Canela se sentaron ayer ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 del partido judicial costero, que había requerido su comparecencia para tomarles declaración.

El primero de los convocados, el ex alcalde ayamontino Rafael González (PSOE), llegaba a la sede judicial a las 8:50. Lo hacía en solitario, con el semblante serio y una carpeta repleta de documentación bajo el brazo.

Según informaron fuentes cercanas al caso a Europa Press, González solicitó al juez la suspensión de las comparecencias señaladas, petición a la que se opuso de plano el instructor. Su diálogo con el juez -que le atribuye inicialmente la comisión de delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, estafa y cohecho- fue, por tanto, breve: se acogió a su derecho a no declarar, argumentando que quiere estudiar a fondo las imputaciones de un caso cuyo sumario alberga más de 4.000 folios.

No obstante, González no abandonó el Palacio de Justicia hasta pasadas las 9:40. Al ser preguntado por este diario acerca de lo acontecido durante la citación, González señaló que "no procede realizar declaraciones".

En los pasillos del edificio de la avenida Alcalde Narciso Martín Navarro se cruzó con su sucesor, el regidor municipal de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), que estuvo en todo momento acompañado por su abogado y también declinó realizar cualquier tipo de manifestación sobre el asunto.

Rodríguez Castillo fue llamado por el juez en calidad de imputado por un delito contra la ordenación del territorio. Fuentes relacionadas con el procedimiento indicaron a Huelva Información que el alcalde negó tajantemente ante el juez que se hubiera producido un cambio de uso en la superficie de 148.214 metros cuadrados destinada a zona verde sobre la que se acabaron construyendo 800 viviendas en primera línea de la playa de Isla Canela.

Es reseñable la soledad con la que bebieron el amargo trago judicial de ayer tanto González como Rodríguez Castillo. Ni concejales ni compañeros de partido se dejaron ver por la sede judicial ayamontina para mostrarles su respaldo.

En declaraciones a Efe, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Ayamonte, Francisco José Álvarez, sí excusó a su alcalde y remarcó que la comparecencia de ayer ha supuesto "un alivio" para Antonio Rodríguez Castillo, que "ha podido dar su versión sobre los hechos". En este sentido, insistió en que aunque la imputación pueda verse como algo negativo, "estamos contentos con que el alcalde haya podido dar su opinión" y ahora "lo que hay que hacer es esperar la valoración de la Justicia". Álvarez dejó claro que no tiene dudas de él "ni como profesional ni como persona", a lo que agregó que los miembros del equipo de Gobierno local "siempre hemos sido justos y transparentes en todas nuestras actuaciones, y así seguimos, por lo que no creemos que haya ningún problema".

El desfile matinal por la sede judicial lo cerraron, según ha podido constatar este diario, otras tres piezas clave en el caso: el otrora secretario consistorial, Félix Belzunce; el asesor jurídico José Antonio Marín, y el ex concejal de Urbanismo, Carlos Fernández. Los tres optaron por esgrimir idéntico argumento al de su alcalde: que nunca se ha realizado "ningún cambio de uso ilegal" y que la actuación urbanística en Isla Canela ha sido "legal en todo momento".

Tales manifestaciones se contradicen con el contenido de los informes que la Junta de Andalucía remitió recientemente a las autoridades judiciales, en los que señala que aprecia que se ha incumplido la normativa en 15 de los 19 estudios de detalle que están siendo analizados en la instrucción, ya que no contaban con el informe preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía y vulneraban varios artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

La Administración autonómica detalla al juez en los documentos que, en efecto, se ha producido una alteración de los usos y parámetros de edificabilidad, de la configuración de manzanas, parcelas y viario, en definitiva, de la ordenación establecida en el PGOU local. Para más inri, subraya en los informes que sus servicios jurídicos tuvieron que recurrir a la vía contenciosa para anular algunas de las modificaciones aprobadas por el Pleno ayamontino para construir el residencial a pie de litoral.

Las fuentes consultadas por este diario confirmaron además que los cuatro constructores (y promotores) relacionados con las supuestas irregularidades ya prestaron declaración en calidad de imputados hace algo más de un mes en el Juzgado Mixto 3 de Ayamonte.

En paralelo, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Huelva investiga el destino del dinero ingresado en la cuenta de la ONG Ayamonte Solidaria -creada por el ex alcalde, Rafael González, para llevar ayuda a Guatemala- y la legalidad de sus movimientos. Hay que recordar que el grupo municipal de Izquierda Unida ya preguntó en su momento sobre las asignaciones y los viajes de una organización que no contaba con la tutela plenaria ayamontina.

La primera toma de contacto del titular del Primera Instancia e Instrucción 3 de Ayamonte se circunscribe a la toma de declaración a los imputados, pero de momento no conlleva la ejecución de medidas cautelares.

En la jornada de hoy testificarán otros cuatro incriminados más: el jefe de los servicios urbanísticos ayamontinos, José Manuel Martín Frigolet; una asesora jurídica, el responsable de Obras y Servicios, Fabián Santana, y el técnico Javier Carnacea.