El ex alcalde de Aljaraque reconoce que obtuvo dinero negro de Talleres Finanzas

El exalcalde de Aljaraque, Juan Manuel Orta, reconoció ayer que recibió por mediación de la empresa Talleres Finanzas dinero que no declaró a Hacienda. Lo hizo durante la segunda jornada del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincia contra Orta por un delito continuado de falsedad de documento mercantil -prescrito- y contra la Hacienda Pública. Durante la vista oral, A.G.V., otro de los encausados, economista y socio del ex primer edil en la empresa, también reconoció que ingresó dinero negro que no comunicó al fisco.

El tribunal declaró nulas las escuchas telefónicas y prescrito el delito de falsedad documental, tal como solicitaron los letrados durante la exposición de las cuestiones previas, al considerar la investigación no ajustada a derecho, sin justificación procesal ni material y sin que un juez tuviera conocimiento de la misma durante tres meses.

Juan Manuel Orta explicó que el dinero que no declaró a Hacienda provenía del asesoramiento jurídico que prestó a algunos clientes que contrataron su servicio. El exregidor explicó que el trabajo como abogado en la compañía lo compatibilizaba con el de alcalde. De la empresa contaba con una nómina unos 9.000 euros anuales, que declaraba al Fisco, pero recibía otras cantidades por otros trabajos que no. Como alcalde percibía unos 60.000 euros al año.

Orta detalló que en 2004 efectuó varias operaciones con las que incrementó su patrimonio. Una de ellas provino de una donación que realizó su padre a su favor de 60.000 euros. Otra, consistió en otra donación de 62.000 euros que su suegra, que estaba cobrando una herencia, le obsequió a su esposa, con la que está casado en bienes gananciales. Una tercera operación fue la venta de unos terrenos con la que obtuvo una plusvalía.

A esto se suma un apartamento que el matrimonio tiene en Islantilla, que "nada tiene que ver" con el que cuenta Taller de Finanzas en el mismo enclave costero. Este último y otro en Nuevo Portil pertenecen supuestamente a la empresa y eran utilizados para obtener fondos a través de su alquiler.

El exalcalde, que no quiso contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal, rechazó que se haya enriquecido ilícitamente y que su patrimonio proceda del cobro de comisiones a cambio de licencias de obras y convenciones urbanísticas del Ayuntamiento, como apuntaba la investigación inicial.

A.G.M. reconoció, igualmente, que Taller de Finanzas "cobraba dinero negro que no declaraba". Este aseguró también que los dos pisos de Nuevo Portil e Islantilla eran de la empresa y que él adquirió una vivienda en El Rompido, que compró sin hipoteca porque "había ahorrado, ya que la empresa facturaba alrededor de 400.000 euros al año". El abogado del Estado -acusación particular- le reprochó que en las declaraciones "no figuran estas ganancias".

Orta, al igual que su socio, admitió a preguntas del abogado del Estado haber realizado distintas operaciones bancarias, aunque ambos dijeron no recordar la fecha ni la cantidad.

El que fuera concejal de Ubanismo del Ayuntamiento de Aljaraque durante el mandato de Orta, Casto Pino, acusado de un delito de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, se acogió a su derecho a no declarar.

Para el exregidor, el fiscal pide cinco años y medio de prisión y además solicita una multa de más de 300.000 euros, inhabilitación y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante tres años.

Para Casto Pino, la Fiscalía pide ocho años y medio de prisión y su inhabilitación especial para empleo o cargo público durante cuatro años, además de una multa de 1,4 millones de euros. También solicita, al igual que para Orta, la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un tiempo de tres años.

Para A.G.V., las penas solicitadas por el fiscal son las mismas que para Orta, cinco años y medio de prisión y más de 300.000 euros de multa.