Sanidad

Salud quiere aplicar más medidas ante el aumento de las agresiones

  • El personal sanitario sufrió el año pasado, 135 actos violentos, un 42% más que en 2017

Concentración contra una agresión en Adoratrices. Concentración contra una agresión en Adoratrices.

Concentración contra una agresión en Adoratrices. / Correa (Huelva)

La Consejería de Salud y Familias va a impulsar medidas más efectivas para la protección de profesionales del sistema sanitario público, ante casos de agresiones cuando desempeñan su actividad, a través de un nuevo plan de prevención y atención, y después de que en la provincia el número de casos registrados se haya cifrado en 135.

En un comunicado, la Junta ha explicado que la delegada territorial, Manuela Caro, ha dado a conocer esta estrategia en el marco de la reunión de la Comisión Provincial de Agresiones en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), un órgano promovido por la Administración autonómica para el seguimiento y coordinación en este ámbito, en el que también están presentes los interlocutores de la Guardia Civil y Policía Nacional, responsables de las unidades de Prevención de Riesgos Laborales de los centros sanitarios y el 061, y al que se ha añadido además en esta ocasión el letrado del SAS en Huelva.

Caro ha recordado que durante el año pasado se registraron un total de 135 agresiones a profesionales del SAS en la provincia, 12 de ellas físicas y 123 verbales (insultos o amenazas). Se trata de un 42% más en comparación con 2017, en el que se contabilizaron 95 –12 físicas y 83 verbales–. La delegada ha subrayado la importancia de hacer frente a estos actos violentos contra los trabajadores sanitarios, ya que suponen “una limitación en el ejercicio de su profesionalidad” y les conducen a “situaciones de angustia, estrés, ansiedad y depresión”.

“La sociedad debe tomar conciencia ante este problema”, ha defendido la delegada territorial, quien ha destacado que “el Gobierno andaluz va a ser determinante y va a actuar con fortaleza, determinación y coraje para paliarlo”. “Por muchos problemas que tenga un familiar, por mucha angustia y presión que sufra, no se puede legitimar y justificar la violencia contra un profesional que está haciendo su trabajo”, ha insistido.

La Junta ha considerado que el sistema sanitario público “debe profundizar en el respeto del ejercicio de los derechos que tienen reconocidos los usuarios, pero también, de forma recíproca, debe exigírsele a estos el cumplimiento de sus deberes, como es hacer un uso adecuado de los servicios sanitarios en un ambiente de mutua cordialidad, confianza y respeto, en aras de la mejora de las relaciones entre los ciudadanos y los profesionales de la salud”.

Entre las principales medidas del nuevo plan, cuyo diseño y aplicación va a contar con la participación directa de los propios profesionales, se encuentra la puesta en marcha de un programa especial de acompañamiento al trabajador agredido.

En este sentido, se va a promover la habilitación de “canales ágiles y rápidos para que la persona que sufre una agresión, ya sea verbal o física, no esté sola momentos después que se produzca”. Así, se ofrecerá apoyo desde el primer momento y se facilitará la realización de las actuaciones contempladas. El grupo de trabajo creado para la prevención de agresiones a sanitarios está formado por miembros de la Consejería de Salud y Familias, el SAS, colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de pacientes, interlocutores policiales sanitarios y la Asociación de Letrados de la Administración sanitaria de Andalucía. Esta mesa nace después del acuerdo del Consejo de Gobierno en el que se solicitó la elaboración y puesta en marcha de un nuevo Plan de Prevención de Agresiones a personal sanitario, en el que se incluyan mejoras respecto al existente y con el que se consiga que el 100% de los profesionales agredidos denuncie.

Entre otras actuaciones, “se facilitará atención psicológica durante el tiempo que sea necesario y, en todo momento, se acompañará al profesional agredido a recibir asistencia sanitaria”. Otra de las medidas es la simplificación de la tramitación burocrática, de manera que se pueda simultanear la cumplimentación de los documentos para evitar que el profesional tenga que recordar repetidamente lo ocurrido. Una novedad más, según ha explicado, es la adopción de medidas dirigidas a concienciar a los pacientes y usuarios con campañas informativas explicando cómo funciona el sistema sanitario y qué puede o no puede hacer un profesional.

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