El Sindicato de Enfermería Satse ha mostrado sus estadísticas sobre agresiones a personal sanitario. En Huelva, contabilizaron 135 lo que supone un notable aumento ya que en 2017, la cifra ascendió a 95. De esos 135 actos violentos, 12 fueron físicos y el resto verbales.Satse ha hecho públicos estos datos coincidiendo con la concentración de repulsa realizada en el Juan Ramón Jiménez por la agresión sufrida por dos facultativos.

Ante esos hechos, la dirección del centro sanitario condena los actos violentos infringidos a esos dos médicos en el área de Urgencias hace escasos días, al mismo tiempo que muestra su solidaridad con los profesionales afectados. Ambas tuvieron lugar mientras atendían a sus pacientes en el desarrollo de su labor habitual. Los dos profesionales han presentado la correspondiente denuncia de los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, habiéndose celebrado ya el juicio rápido en el primero de los casos, a las 48 horas siguientes, al ser considerado atentado contra un funcionario público de la sanidad.

Fruto del juicio celebrado, el agresor ha sido condenado por sentencia firme a cuatro meses de prisión, a una cuantía económica de 288 euros, a las costas del juicio y a una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Todo ello derivado de la condena como autor responsable de un delito de atentado del artículo 550 y 551.1 del Código Penal, un delito leve de lesiones de menor entidad y un delito leve de amenazas. El fallo de la sentencia recoge asimismo la suspensión de la pena privativa de libertad impuesta a que el reo no delinca en el plazo de dos años, quedando revocada dicha suspensión en caso de incumplimiento.

En este sentido, conviene recordar que la agresión física o intimidación grave contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función pública asistencial viene siendo considerada como delito de atentado por los tribunales de Justicia, y así se han dictado ya numerosas sentencias en estos casos, castigándose con penas de uno a tres años de prisión.

Desde el centro hospitalario se quiere, una vez más, mostrar su rechazo a esta clase de actos, resaltando que cualquier tipo de violencia, tanto física como verbal, no puede justificarse bajo ningún concepto, por lo que se quiere hacer un llamamiento público en contra de esta clase de comportamientos incívicos. Cabe señalar que la Consejería de Salud y Familias trabaja en la actualidad en la elaboración y puesta en marcha de un nuevo Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del sistema sanitario público andaluz.

Entre las medidas de mejora planteadas, se incluye la introducción de líneas de investigación, orientadas a aclarar las causas y a conocer los factores predictivos de situaciones de agresividad en pacientes, sus acompañantes o familiares que permita identificar situaciones de riesgo potencial. Además, se van a propiciar medidas de prevención y concienciación.