En los tiempos que corren el agua es un bien muy preciado en Doñana, un tesoro que conviene controlar por su carácter finito y porque las marismas del espacio natural se nutren de ella. Las autoridades vigilan de cerca el parque para mantener a raya a los que la extraen sin límite, saltándose a la torera las normas medioambientales que velan por la protección del humedal más relevante de Europa.

La Fiscalía de Huelva, en concreto su Delegación especial de Medio Ambiente -que dirige Alfredo Flores- ha presentado en los últimos años hasta nueve querellas contra explotaciones agrícolas del entorno de Doñana que realizan "un uso fraudulento del agua", con base en un delito de extracción ilegal y en otro ecológico contemplado en el artículo 325 del Código Penal.

No se valora el agua, que es fundamental y no es privada: hay que controlarla"Alfredo FloresFiscal de Medio Ambiente

Los asuntos están en manos de los juzgados de La Palma del Condado, tras la remisión de las pertinentes querellas por parte del Ministerio Público onubense. Uno de ellos, el concerniente a la finca La Borrachuela (de 150 hectáreas), está en este momento pendiente de juicio; el más importante, el de Matalagrana (220,57 hectáreas), "en auto de procedimiento abreviado y, supongo que lo recurrirán, por lo que estamos pendientes de que se afirme para poder calificar", apunta Flores. Ambas explotaciones están conformadas a su vez por parcelas más pequeñas.

El origen de estas querellas está en la denuncia que planteó la organización ecologista WWF. Fue la Fiscalía de Sala la que, con su personal específico y sus recursos técnicos -amén del impecable trabajo del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona)-, "nos aportó los informes en que se nos decía lo que de verdad está pasando en Doñana", explica el fiscal a este diario.

La colaboración de los agricultores, dice, también ha sido fundamental. Ellos son "los primeros que son conscientes de que esto no puede mantenerse así, que eso acabará mal porque les van a cerrar los mercados extranjeros".

Y es que el acuífero se está agotando. "No se valora suficientemente el agua, que es fundamental y que no es privada: hay que controlarla", afirma Flores.

El acuífero de Doñana tiene una capacidad concreta y recursos limitados. "Si sacas más de lo que entra, va a disminuir, por ello hay que saber lo que se saca; si tienes 800 ó 1.000 pozos sin caudalímetro, no se sabe lo que se extrae". Lo que sí es una evidencia es que el estado de salud de la bolsa de agua subterránea es "malo". Sus niveles descienden continuamente, fundamentalmente en el norte de la aldea de El Rocío. Y eso, según los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, "está relacionado con la extracción masiva de agua". Su incidencia negativa en Doñana es indiscutible.

Pero calcular exactamente cuál es la incidencia en el llamado acuífero 27 -que nutre el espacio protegido- se hace imposible. "No hay concesión ni de la Junta ni de la Confederación ni pozos con caudal para ver qué se está extrayendo", observa el fiscal de Medio Ambiente.

Pese a todo, entiende que son "conductas aisladas, no generales". La situación del sector agrícola es preocupante, puesto que "si no hay agua en superficie y agotamos el acuífero, tenemos un problema; ellos son conscientes, la Plataforma en Defensa de los Regadíos es consciente de que hace falta agua superficial, pero que se trata de un proceso lento (informes, Declaración de Impacto Ambiental), de muchas cuestiones que llevan su trámite".

El asunto es "delicado" y el Ministerio Público procura actuar con prudencia. Pero también con contundencia cuando se tienen evidencias de un posible ilícito. Flores indica que "entendemos que los hechos son graves, tenemos una base de prueba de que esos hechos están afectando a Doñana y hay que tomar una decisión en materia penal".

Sobre la mesa del despacho del fiscal de Medio Ambiente figura un mapa en el que se localizan los pozos del espacio natural. La concentración de puntos es más que evidente al norte de El Rocío. Flores entiende que la solución, sin embargo, no llegará por la vía penal, sino que pasa "por ejecutar los planes de la Administración y traer agua en superficie, y ese agua superficial, con caudalímetros y con sistemas de riego eficientes".

Desde su prisma, la proclama Guadalquivir para Andalucía incluida en el Estatuto de Autonomía en 2007 fue, tras la negativa del Tribunal Constitucional en 2011, "nefasta". Flores recuerda que la Junta andaluza estaba empezando a organizar los miles de expedientes que albergaba la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero tras el fallo judicial "tuvieron que volver a la Confederación y, claro, ahí perdimos dos o tres años; esto ha impedido una actuación más contundente de la Administración".

En paralelo, hay otras carencias que dificultan la protección del agua subterránea de Doñana: "Hacen falta más guardas fluviales, mayor coordinación entre Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y Policía Autonómica para las inspecciones de las fincas, mayor agilidad en los procedimientos contenciosos-administrativos y en las medidas cautelares", entre otros.

Alfredo Flores augura -y los hechos de los últimos días lo avalan- que éste será un verano "malo de incendios" en la provincia, porque ha llovido poco y la vegetación está muy seca. A su juicio, es importante que la sociedad escuche a los que más saben de Doñana, que todavía no agoniza "pero sí está amenazada; si determinamos las amenazas y las combatimos, mejoraremos; si no, pues tendremos un gran problema y el agua es la amenazada principal". Le preocupa no sólo la extracción descontrolada de agua, sino también "que lógicamente todos los productos que se utilizan en la agricultura se filtran". Se está contaminando el acuífero y así lo acreditan los informes técnicos. Aunar la sostenibilidad y la ecología con las labores del campo, con base en el respeto al entorno, será fundamental para preservar este rincón del paraíso.