Desde octubre de 2019 a julio de 2022 se extiende el periodo en el que ha pendido una acusación de acoso sexual sobre Aurelio González Peris contra una compañera de Mesa de la Ría, asociación que comenzó a presidir en 2015 y en cuyo seno se vivió un fuerte enfrentamiento unos meses antes de que comenzara esta historia. El resultado es que el pasado 12 de julio, Francisco José Ramírez Herves, magistrado titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva, absolvió a González de los delitos de los que se le acusaba, tres de acoso sexual más uno de amenazas. Una absolución con la que "me resarzo de una enorme injusticia y de una mancha contra mi honor", ha señalado González a esta redacción.

La fecha inicial corresponde a la apertura de un expediente por falta grave dentro de la organización "sin denuncia previa", explica Aurelio González. Había mar de fondo, un enfrentamiento dentro de Mesa de la Ría a resultas del relevo en la junta directiva que encabezaba el ya absuelto. En agosto de 2019, el liderazgo era también reivindicado por Juan Manuel Buendía, elegido en verano de ese último año en una asamblea de socios. A Aurelio González se le suspendió también de militancia de manera cautelar y ambas medidas en su contra fueron comunicadas a los socios.

Fue con posterioridad cuando la denuncia se puso en la comisaría (24 de octubre de 2019) y fue admitida a trámite en los tribunales. El resultado de todo este proceso ha sido la absolución del acusado y la condena en costas a la acusación particular. En la sentencia, el juez establece que no ha resultado acreditado que "la denunciante sufriera una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil o humillante". Además, subraya su "extrañeza" por que no se propusiera la declaración de la "presunta víctima-denunciante-acosadora" durante el juicio ni en las cuestiones previas. Una circunstancia que al juzgador "nunca le había pasado con anterioridad", que además califica de "imprescindible" la declaración de la presunta víctima "en este tipo de delitos".

En este sentido, el juez abunda también en el trasfondo político del caso, por cuanto señala que esa "no proposición de la declaración de la presunta víctima" en el juicio "acrecienta la versión del acusado que califica su imputación como una represalia de los demás miembros de la dirección de la asociación a la que pertenece o pertenecía en aquellas fechas por motivos totalmente ajenos a los que denunció" la excompañera.

En términos muy claros se expresa el titular del Juzgado de lo Penal número 1 al señalar también respecto al escrito de acusación, que "ninguno de los presuntos comportamientos descritos atribuidos al acusado" tiene cabida "en el tipo penal por el que se acusa".

"Era una acusación infundada y lo sabían, empezando por ella y siguiendo por los otros para quitarme de en medio y quedarse con el poder", concluye Aurelio González acerca del resultado de un proceso que le ha costado caro en muchos sentidos. Quizás no haya concluido esta historia. En estos momentos, poco más de un mes después de la resolución, asegura que "una parte de mí me lleva a olvidarme de todo esto, es la que más prevalece". No obstante, admite que "por otra, me rebelo ante esta injusticia. En bien de la organización no deben quedar indemnes estos impostores que con su proceder contra mí también lo han hecho contra la organización, que ha perdido músculo, vigencia y credibilidad".