Unicaja dice que sólo pidió "cantidades razonables"

La palabra intervención asusta. O eso se desprende de la reacción orquestada desde el Gobierno, pendiente de sus primeros espadas para aplacar miedos y trasmitir normalidad en vísperas del G-20 de Londres, donde España venderá la solidez de su sistema financiero como pasaporte al Olimpo de los ricos. Hablaron, sucesiva y coordinadamente, el secretario de Estado de Economía, David Vegara; el vicepresidente segundo y ministro del ramo, Pedro Solbes; y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sonriente anfitrión del director gerente del FMI, Dominique Strauss-Kahn. El mensaje: no pasa nada, no ha habido ilegalidades, ninguna otra caja o banco corre peligro.

Aunque los matices son infinitos, pueden sacarse algunas conclusiones: el Ejecutivo pretendía que Unicaja le evitara irrumpir en el escenario y evidenciar que el sistema no es tan sólido a pesar de la ventaja comparativa sobre el entorno internacional. Sólo el presidente de la caja malagueña, Braulio Medel, sabe los motivos de su negativa. Negociador directo, conocedor de la auditoría que radiografiaba la salud de Caja Castilla-La Mancha (CCM), ha decidido retirarse por un cúmulo de circunstancias esbozadas ayer desde Málaga por varios consejeros de la entidad. "Unicaja efectuó unas peticiones razonables", sostienen. Necesitaba un buen bocado del Fondo de Garantía de Depósitos y extras sustanciosos del Banco de España. "Pero no cuadraban los análisis que habíamos hecho con lo que estaba dispuesto a darnos Miguel Ángel Fernández Ordóñez, [Gobernador del BE]". Existe, pues, una razón oficial: Unicaja no podía obtener el dinero necesario para absorber a CCM. En la trastienda, quizás, la complejidad jurídica del mantenimiento de Medel en el timón. De hecho, la fusión no le garantizaba nada.

En Andalucía, el poder respira más aliviado que frustrado. La ruptura clarifica el gran anhelo de la Junta: fundir Unicaja y Cajasol para crear un gigante autonómico y por supuesto nacional. No habrá dos torres, pero tal vez sí un rascacielos. El consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán, confirmó que la unión entre malagueños y manchegos fracasó porque tanto la dirección de Unicaja como el Ejecutivo andaluz consideraron claramente insuficientes los avales del Banco de España. "De haber llegado a buen puerto, habría sido una operación bonita", destacó.

Ya se sabía, pero Unicaja no quiso que quedaran dudas. Por eso remitió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores un comunicado tan escueto como directo: "Como consecuencia de las medidas adoptadas por el Banco de España en la resolución de 28 de marzo de 2009, publicada en el BOE de 29 de marzo de 2009, en relación a la entidad Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha, se han dado por finalizadas las conversaciones e iniciativas en orden a un proyecto de integración entre la citada caja y Unicaja". El tono es correcto porque elegancia es lo que quieren los socialistas por distintos motivos: no sólo apadrinaban la operación desde la Junta andaluza sino también desde su homóloga manchega, en manos del socialista José María Barreda, quien opinó que "no hay ahora una entidad más segura en el país que CCM" tras la intervención y achacó a Unicaja "excesivas pretensiones". El Gobierno central, obvio, también es del PSOE, que controla indirectamente el Banco de España, a su vez administrador de la CCM. Lo último en estas condiciones sería vender polémicas. De eso ya se encarga el PP, que exigió la creación de una comisión de investigación en las Cortes manchegas.

Jorge Pérez-Cerdá, Carlos Miguel Hervás y Raúl Hernández son los gestores elegidos por MAFO para pilotar CCM. Pueden diseñar un equipo directivo a su medida, controlar la actividad diaria de la entidad, aplicar las medidas de choque oportunas y conceder o revocar poderes. Ayer, fuentes del Ministerio de Economía avanzaron sus ejes de actuación: procurarán salvar los muebles de la caja, pero optarán por la solución "menos gravosa" para las arcas del Estado. De momento, el Gobierno avalará entre 2.000 y 3.000 millones hasta un tope de 9.000 al que espera no llegar. La terna del Banco de España aclaran otro extremo: la liquidación será la última de las opciones.

Solbes habló de "gestión inadecuada". No caerán críticas más duras desde el Ejecutivo contra Juan Pedro Hernández Moltó, ya ex presidente de CCM. "Los depósitos están garantizados y los clientes pueden retirar todo el dinero que quieran. Si alguien pensaba abrir hoy una cuenta en esta caja o en cualquier otra, que lo haga. Ahora tiene al Banco de España detrás y eso inspira tranquilidad y seguridad absolutas", explicó el ministro. Zapatero respetó y amplió esa senda con una de sus frases optimistas. "La intervención tiene una importancia relativa; no había un problema de solvencia, pero existía un riesgo en un plazo determinado de tener un problema".

Se conocen los puntos flacos de CCM porque son los del resto del sistema financiero español. Demasiado ladrillo, demasiada expansión, morosidad creciente, tasa de cobertura menguante. Aun así, Solbes negó la hipótesis de la metástasis. "En estos momentos no hay una preocupación especial e inmediata sobre nada ni sobre nadie", quiso zanjar.

Ex consejeros de CCM confiaron en que la entidad recupere la normalidad tras mantener diferentes encuentros en la sede social de Cuenca con los administradores, quienes les notificaron personalmente su cese. Dos de los ex miembros del consejo, Germán Chamón y Tomás Martín-Peñato, coincidieron en pedir tranquilidad a los clientes, acreedores y trabajadores de la entidad, y aseguraron que la caja es "fuerte y solvente" para remontar. El consejo estaba compuesto además por Hernández Moltó -que dimitirá también como consejero de Iberdrola-, Federico A. Rodríguez Morata (vicepresidente primero), Ismael Cardo (consejero secretario), y los vocales Amalia Blanco, Florencio Fernández, José María Fresneda, Carlos Jiménez, Antero Luján, Angel Nicolás, Francisco Galán, José Fernando Sánchez, Eugenio Sánchez y Emilio Loriente. Ninguno de ellos será indemnizado.