Trabajadores de ayuda a domicilio de Huelva se han concentrado esta mañana en la puerta de la Delegación provincial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Huelva, como parte de las movilizaciones que pretenden poner en el foco de sus protestas las reivindicaciones del sector que quedaron paralizadas por la pandemia.

Según ha informado el sindicato UGT, "se reclama a las patronales del Servicio de Ayuda a Domicilio que cumplan sus compromisos y actualicen las tablas salariales de sus plantillas de acuerdo al IPC real", así como "los problemas en Prevención de Riesgos Laborales, la alta incidencia en bajas por IT por las malas condiciones de trabajo (falta de ayudas técnicas, barreras arquitectónicas y mal estado de algunos domicilios), sobrecarga de trabajo físico y psicosocial".

Según ha comunicado el sindicato, se ha insistido en la consecución de "la inclusión de enfermedades profesionales en el sector de la dependencia y el reconocimiento de coeficientes reductores a efectos de jubilación".

UGT ha denunciado el incumplimiento del convenio en vigor y ha calificado de "lamentable la actuación de gran número de empresas en este aspecto, pues condenan a sus trabajadoras, principalmente mujeres, a la precariedad". Se trata de un colectivo de más de 2.800, en su mayoría mujeres, en la provincia de Huelva, que ven cómo su poder de compra disminuye día tras día por la negativa de las patronales a aplicar el artículo 8 del VII Convenio Marco Estatal. Este texto recoge expresamente que “se incrementarán anualmente, en el mes de enero, los conceptos retributivos en la misma cuantía que el índice de precios al consumo (IPC) real del año anterior”. “La cláusula de revisión salarial automática opera, por tanto, automáticamente, al encontrarse este Convenio en ultraactividad, máxime si se tiene en cuenta que el PIB del año 2021 ascendió al 5%” argumenta la organización sindical en la carta que ha dirigido a la Consejería.

Para el sindicato "nos encontramos con un sector fuertemente privatizado, que presta el servicio en conformidad con las Administraciones Públicas utilizando para ello diferentes vías: concertación de plazas, licitaciones públicas para la gestión de los servicios y colaboración entre entidades del sector y Administración Pública. Desde nuestra Comunidad Autónoma se están destinando importantes partidas económicas para financiar el Servicio de Ayuda a Domicilio, prestando un servicio a la sociedad y generando empleo. Sin embargo, lo que inicialmente se preveía como un nuevo yacimiento de empleo tras la publicación de la Ley 39/2006 de la Dependencia, ha acabado convirtiéndose en un empleo precario, feminizado y cuya profesionalización tiene significativas carencias para poder ser definido como empleo de calidad".