Treinta menores infractores cumplen condena en los grupos de convivencia

En el imaginario colectivo prevalece la idea de que la mayor parte de los menores de edad que delinquen están encerrados en algún centro de reforma. Nada más lejos de la realidad. El grueso de los chavales que cumple condena por haber vulnerado la Ley paga por lo cometido en régimen abierto, es decir, sin estar privado de libertad. En Huelva y durante el primer trimestre, 220 adolescentes pagaron sus cuentas con la Justicia de esta forma, según los datos facilitados a Huelva Información por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, encargada, a través de la Dirección General de Justicia Juvenil, de gestionar las medidas judiciales que atañen a la siempre polémica Ley del Menor.

Los jueces de menores se inclinan por la imposición de medidas de régimen abierto porque las posibilidades de reinserción aumentan a una edad tan delicada como la adolescencia. Sólo los delitos más graves (violaciones u homicidios, esencialmente) se castigan con el internamiento en un centro de reforma, como apunta a este diario el fiscal delegado de Menores de Huelva, Pedro Díaz Torrejón, quien agrega que "el internamiento es la última ratio".

De los 220 menores que ejecutan una medida de medio abierto en Huelva, 173 son chicos (el 78,6%) y 47, chicas (21,4%). El 51,3% de ellos (113) tiene entre 16 y 17 años. Pero también se contabilizaron en Huelva 22 condenados a una medida de medio abierto de entre 14 y 15 años (10%), chicos y chicas a partes iguales. Los que ya han alcanzado la mayoría de edad pero todavía están rindiendo cuentas con la Justicia eran 85 chavales en la primera mitad de este año, el 38,6%.

La medida de régimen abierto ejecutada o en ejecución -entre enero y junio- más común en nuestra provincia fue la de la libertad vigilada, 117 casos en total que significan el 53,2% del global. Le siguen las 50 de prestaciones que realizan los menores en beneficio de la comunidad. Además, los jóvenes han desarrollado 13 medidas consistentes en su asistencia a talleres socioeducativos, junto a otras seis relativas a tratamientos de drogodependencias y 12 a tratamientos ambulatorios de salud mental.

La tercera medida acordada por el juez de Menores más común fue la convivencia en un grupo educativo, en los que participaron 30 adolescentes infractores. Es ésta "la única medida residencial de medio abierto", como evidencia a este rotativo el coordinador de los tres grupos de convivencia que existen en Huelva, Mario Ramos, dos viviendas para chicos y una para chicas con una capacidad máxima de ocho personas.

Este recurso, gestionado por la Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer (Aesim) para la Junta de Andalucía, proporciona a los menores alojamiento, alimentación, vestuario y las atenciones sociales, psicopedagógicas y de aprendizaje necesarias para su desarrollo integral en un ambiente estructurado y en un contexto social normalizado. Está integrado además en núcleos urbanos, de modo que los chicos "pueden ir al instituto, salir a comprar o a hacer deporte", refiere Ramos. Además, "los vecinos lo saben y colaboran con nosotros en la resocialización de los chicos, a los que no rechazan en absoluto".

No existe un perfil homogéneo para los chicos que acaban condenados a residir en un piso de convivencia, pero sí características comunes: la mayoría (concretamente el 70%) ejerce la llamada "violencia ascendente, con agresiones verbales o físicas de hijos a padres o, incluso, a hermanos", resume el fiscal de Menores. El coordinador de los tres grupos de convivencia nos recomienda alejarnos del patrón de la familia desestructurada para acercarnos a los usuarios de este recurso: "Hay de todo, pero tenemos muchos que no proceden de barrios marginales, sino de hogares con un nivel socioeconómico medio-alto, con padres que pueden ser médicos, abogados o funcionarios".

La directora general de Justicia Juvenil, Carmen Belinchón, destaca la "especialización" de los nueve profesionales que trabajan en cada grupo de convivencia onubense: el director, un psicólogo, un trabajador social y seis educadores.

La intervención con los menores es individualizada. Mario Ramos explica que primero hay que detectar dónde está el problema, si el menor "afronta el conflicto de forma evitante o histriónica", para poder abordar cada caso de forma efectiva. En paralelo discurre el trabajo grupal, con una milimétrica programación de la casa y de las actividades que hace entrar a los chicos en una rutina disciplinada que acaba derivando en el entendimiento de los valores de responsabilidad, tolerancia y respeto. El fiscal Pedro Díaz Torrejón remarca que "se les dota de un entorno que les permite vivir en sociedad, convivir bajo reglas que les aportan las herramientas necesarias para volver al núcleo familiar".

Éste es, precisamente, el tercer pilar de la intervención integral con los menores. Es también el trabajo "más complejo, ya que es difícil hacer entender a la familia que debe reconocer sus responsabilidades para encontrar las soluciones", y todo sin culpar a los padres de la situación de violencia familiar de la que son víctimas.

Para el coordinador de los grupos es "significativo y sorprendente ver cómo cuando un chico ingresa, con una rapidez asombrosa, de días, la conducta que motivó su ingreso desaparece". El secreto: "Marcarles una rutina clara que haga de su vida algo predecible, lo que les aporta seguridad".

El tiempo de estancia en estos grupos lo solicita el fiscal de Menores y los impone el juez, aunque para Ramos lo más recomendable es que fluctúe entre los 14 y los 18 meses, ya que el dispositivo agota su eficacia a los dos años de intervención. El porcentaje de éxito es "elevadísimo".

El delegado del Ministerio Fiscal añade que la medida de ingreso en un grupo de convivencia no puede aplicársele a las faltas ni es recomendable para delitos como los de robo con violencia. Y alaba que la inmediata incorporación del menor a este recurso, "como si se correspondiera con la prisión preventiva de los adultos, permite acudir pronto al problema y a la solución, tanto que cuando se produce el enjuiciamiento el menor ya ha experimentado una importante mejoría".