Huelva

Sumar propone reducir una hora al día la jornada laboral para mejorar la vida de los onubenses

Rafael Sánchez Rufo, candidato número 1 al Congreso de los Diputados por Sumar en la provincial de Huelva

Rafael Sánchez Rufo, candidato número 1 al Congreso de los Diputados por Sumar en la provincial de Huelva / M.G. (Huelva)

El candidato número 1 al Congreso de los Diputados por Sumar en la provincial de Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha explicado este lunes la propuesta de reducción de jornada laboral con la que la confluencia de izquierdas se presenta a las próximas elecciones generales del 23 de julio.

Sánchez Rufo ha puesto en valor las medidas puestas por el Ministerio de Trabajo encabezado por Yolanda Díaz durante los últimos años que “en un contexto muy difícil ha permitido aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a más de 150.000 personas en Huelva que han visto incrementado su sueldo en 345 euros. Además, ha recordado que más de 100.000 pensionistas han visto revalorizadas sus pensiones conforme al IPC, lo que este mismo año ha supuesto un incremento del 8,5% de las mismas.

Todo ello, se ha puesto en marcha “frente a una oposición inoperante de PP y Vox que apuesta por volver a modelos retrógrados y por poner a cero el contador de los derechos sociales alcanzados en los últimos años”.

No obstante, “desde Sumar somos conscientes de que queda mucho por hacer y de que hay muchos onubenses que lo están pasando mal, y que se están viendo afectados por la escalada del IPC debido a la guerra de Ucrania y por la subida del Euribor en la decisión tomada desde el Banco Central Europeo y que está ahogando a muchas personas con hipoteca variable”.

El candidato ha afirmado que el próximo julio la sociedad española se juega conseguir “un futuro mejor para los próximos cuatro años” y entre las medidas que la Izquierda ha puesto sobre la mesa destaca la de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales en lugar de las 40 establecidas actualmente, “permitiendo ganar a los onubenses más calidad de vida y más tiempo para estar con la familia o para el ocio”, sin que ello perjudique las retribuciones.

Sánchez Rufo ha recordado que la jornada de 40 horas semanales hace “más de un siglo que no se toca, por lo que ya va siendo hora de legislar en favor de los trabajadores y la mayoría social de este país” porque es una jornada que ha quedado “totalmente desfasada”.

Para Sánchez Rufo esta propuesta es “revolucionaria” porque “toca esencialmente la vida de la gente para que sea un poco mejor” y que permitirá que muchos onubenses puedan volver a sus casas “una hora antes”. Así, ha estimado que “el tiempo más valioso es el que tenemos para estar con la gente” y es algo que “desde Sumar nos hemos propuesto en nuestro compromiso con la mayoría social de este país”.

Así, Sánchez Rufo ha puesto en valor la iniciativa de Yolanda Díaz que pretende que, de manera progresiva, la jornada se vaya reduciendo durante la próxima década hasta alcanzar un máximo de 32 horas semanales.

Con esta medida, mejorará la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo, desde un reparto equilibrado de las tareas de cuidados y autocuidado al tiempo destinado a la formación, el ocio o la participación social.

La propuesta presentada por Sánchez Rufo también va encaminada a controlar mejor las horas extras y compensarlas con tiempo libre, eliminar los horarios variables sin control, regular los horarios de los servicios públicos o una gestión más flexible del tiempo a lo largo de la carrera profesional de las personas, teniendo en cuenta las diferentes necesidades que se van produciendo a lo largo del ciclo vital, incluyendo el contrato de relevo.

Ayudas de 1.000 euros a la hipoteca

Sánchez Rufo también ha querido poner en valor la propuesta de Yolanda Díaz de un bono de ayudas de 1.000 euros para las personas más afectadas por la subida de las hipotecas.

La propuesta consistiría en un pago “inmediato” de 1.000 euros lineal para los créditos de hasta 10 años de vida y 250.000 euros de importe de hipoteca.

Esta medida se financiaría con los ingresos procedentes del impuesto a la banca y tendría un coste de unos 1.000 millones de euros a nivel nacional.

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