Sumar propone "blindar" la educación pública desde Europa con un 7% del PIB ante el cierre de unidades educativas en Huelva

El portavoz en Andalucía de Iniciativa del Pueblo Andaluz, José Antonio Jiménez, y la concejal de La Izquierda de Huelva en el Ayuntamiento de la capital onubense, Mónica Rossi, han presentado algunas líneas del programa de Sumar para las Elecciones al Parlamento Europeo relacionadas con la educación así como una serie de iniciativas en el Parlamento Andaluz ante la "escalada" de cierre de unidades educativas en la provincia de Huelva para que el Gobierno de Moreno Bonilla "de cuenta de su gestión que implica el progresivo desmantelamiento de la educación pública".

Jiménez, ha señalado que solo la presencia progresista "suficientemente amplia en el Parlamento Europeo, puede blindar la educación pública, después de que en los últimos cinco años en Andalucía se hayan perdido 2.000 unidades de la escuela pública, fundamentalmente en primaria”. En este sentido, Jiménez ha señalado que en el caso del programa de Sumar para el próximo 9 de junio hay una apuesta por la desaparición de la concertada en el sentido de aumentar la inversión pública en todos los estados de la Unión Europea hasta el 7% del presupuesto de la Unión Europea y en los próximos cinco años ir progresivamente normalizando la situación para que todos los países de la Unión Europea estén dentro del ámbito de lo público, porque "lo público, desde nuestro punto de vista, es lo único que garantiza los derechos y garantiza la democracia para todos y todas".

Iniciativas al Parlamento Andaluz

Mónica Rossi ha señalado que "a Moreno Bonilla del Partido Popular no le duelen nuestros niños y niñas". "El deterioro que está llevando a cabo por la educación pública en la provincia de Huelva, y en concreto en Huelva Capital, conlleva que muchos colegios ubicados en barrios de familias trabajadoras se queden sin recursos porque se van eliminando las aulas en estos colegios públicos para dotárselas a la educación privada".

En el cómputo general de Huelva "hemos perdido seis centros públicos, mientras que han aumentado en diez los centros privados. Colegios como el Al Ándalus, el CEIP Prácticas, el Manuel Siurot, el 12 de octubre -todos ellos, apuntan, de la capital onubense- junto a Los Perales, en Rociana del Condado, han salido a la calle para protestar contra la supresión de unidades educativas".

Al mismo tiempo, ha señalado Rossi, "estamos viendo como familias trabajadoras tienen que pagar cerca de 3.000 euros para que sus hijos e hijas puedan hacer los grados medios o los grados superiores de Formación Profesional. Todo es un plan perfectamente orquestado para deteriorar la educación pública".

Por ello, desde el grupo Por Andalucía "hemos presentado una batería de preguntas en torno a esta cuestión en el Parlamento Andaluz y animamos a todas las madres y padres a que en la tarde del martes acudan a la concentración a las 19:30 para defender la escuela pública en las puertas del Ayuntamiento de Huelva".

"Este abuso de precios ha provocado, por ejemplo, que el sector ganadero de producción láctea vacuna y caprina en Huelva haya perdido cuatro de cada cinco granjas desde el año 2015", ha remarcado Toti. Por ello, la moción que presenta para debatir en la Diputación Provincial de Huelva, insta a la Junta de Andalucía a garantizar unos "precios justos a los productores haciendo cumplir la Ley de Cadena Alimentaria".

Del mismo modo pide instar al Consejo de la Unión Europea a que rechace los tratados de libre comercio que "no garanticen normas idénticas en las importaciones" evitando el dumping ambiental, laboral y económico que se desprende de los Tratados Comerciales Internacionales entre la Unión Europea y terceros países y pide a la Unión Europea a desarrollar una Política Agraria Comunitaria que garantice la distribución de los fondos europeos en favor de las pequeñas y medianas explotaciones, así como que adecue la burocracia para que puedan acceder a las ayudas las pequeñas y medianas explotaciones.

Por último, insta al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía a que promueva un banco de tierras público que facilite el acceso a la actividad agraria a las jóvenes generaciones y al Gobierno de España a que redacte y apruebe la ley de agricultura social y familiar, que tenga entre sus objetivos transitar hacia una agricultura agroecológica donde los agricultores ganen independencia de las grandes empresas de pesticidas, fertilizantes y semillas reduciendo costes económicos y contaminantes.