De las 4.232 viviendas que se ofrecen en diferentes plataformas y otros medios digitales para su alquiler turístico, sólo un millar está incluido en el registro de Turismo de Andalucía. Es decir, tres de cada cuatro viviendas con fines turísticos se escapan al control y de paso, dejan en el aire los efectos de una "oferta clandestina que pone en riesgo la calidad de los servicios que se ofrecen al cliente", según se denuncia desde la Asociación de Hoteles de Huelva, integrada en el Círculo Empresarial de Turismo.

Las plataformas que permiten el alquiler de viviendas para su uso turístico están en entredicho desde hace meses. Y eso que el gran gigante de este negocio, Airbnb, ha eliminado de su oferta 18.000 viviendas en toda Andalucía por no ajustarse a los mínimos de regularización que exige desde el 1 de octubre, en colaboración con la Junta de Andalucía. Internet se ha convertido en el medio ideal para operar sin que se realice ningún tipo de control frente al sector reglado al que se le exigen una serie de condiciones que garanticen servicios de calidad y seguridad al cliente. Esa diferencia es clara en Huelva y deja sobre la mesa unos datos que hablan por sí mismos, al margen de esa falta de un registro que se obvia en el 75% de los casos de las viviendas turísticas. La provincia tiene declarados de forma oficial además 1.345 apartamentos turísticos reglados frente a esas 3.680 viviendas que se ofertan en plataformas de alquiler turístico (Airbnb, Homeaway, Houset y onlyap) a los que el sector suma un 15% (552) que se puede escapar a esas plataformas y que se ofertan a través de otras vías no regladas. Es decir, que la oferta reglada de apartamentos representa únicamente una tercera parte de esas 4.232 viviendas. Pero aún es mas llamativa la relación con la totalidad de la oferta turística de la provincia en la que se incluyen hoteles, hostales y el resto de establecimientos turísticos: en Huelva hay 29.000 plazas registradas y las viviendas turísticas que se ofertan de forma clandestina según la asociación de hoteles tienen 23.276. Dicho de otra forma, la oferta "encubierta" se acerca bastante a la totalidad de las plazas de alojamientos turístico de la provincia.

La situación provoca problemas de convivencia con los vecinos, a los que se suma una saturación del destino "porque servicios como el agua o la luz no contemplan ese aumento de población que llega a instalarse en esas viviendas y, en consecuencia, se utilizan recursos que están por encima de los que se prevén para el destino", según el secretario general de la Asociación Provincial de Hoteleros del Círculo Empresarial de Turismo, Rafael Barba.

De ahí, que el sector reclame una equiparación de toda la legislación que hay sobre vivienda turística en el territorio nacional a fin de que "se sepa qué oferta hay y se puedan exigir unos mínimos de calidad y control". Pero además, los profesionales del sector entienden que uno de los principales problemas llega por no considerar a las plataformas de alquiler como una actividad económica. De hecho, se sostienen sobre la base de una economía colaborativa, ya que según la definición propuesta por la Unión Europea este nuevo concepto de negocio consiste en compartir bienes y servicios a través de plataformas de internet y aplicaciones móviles. Esto implica importantes beneficios para clientes y usuarios, aunque al mismo tiempo esta situación proporciona nuevas reglas de juego que deben tenerse en cuenta para "evitar que se lleven a cabo comportamientos ilegales o injustos".

Y es que la diferencia en las reglas de juego tiene su repercusión económica. Los apartamentos turísticos se ciñen a unas normas que, como ocurre en todo tipo de negocio, generan ingresos en las administraciones en forma de pago de impuestos, los mismos que no llegan de la oferta clandestina.

Si se aplica un precio medio de 75 euros por día en un apartamento turístico, la facturación correspondiente a la oferta no reglada se equipara a algo más de 38 millones de euros, lo que en condiciones normales dejaría 7,99 millones por el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

En concepto de IBI, los ingresos también serían mayores para las arcas públicas. La media de recaudación por IBI residencia se acerca a los 2,21 millones de euros, cifra que tiene un 48% de diferencia con el apartamento regular, es decir, que se escapan 1,06 millones en la recaudación.

Pero además, la actividad clandestina deja escapar 1.410 empleos que se generarían con esa misma oferta de forma reglada.

Ante esta situación, la Asociación de hoteleros del Círculo Empresarial de Turismo entiende que es necesaria una revisión en el decreto que regula este tipo de alojamiento para que "el nivel de exigencia se equipare con el resto de la oferta y todos juguemos con las mismas reglas de juego", explica Barba, quien advierte además que está empezando a operar un "pseudoempresario que comienza a gestionar un número significativo de alojamientos, lo que entraña una clara competencia desleal". Oferta que sólo se frena con un refuerzo en las labores de inspección que actualmente lleva a cabo la Junta. "Conociendo las dificultades que hay -puntualiza Barba- se necesita colaboración con la administración local para identificar el mayor número de oferta ilegal".