El Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Huelva (COAF) ha expresado su preocupación por “la alta tasa” de viviendas okupadas en Huelva debido a la “tardanza” en la resolución de los casos. Como ejemplo, sólo cuatro de los 32 casos demandados en 2018 han sido resueltos.

“La ocupación ilegal de viviendas no es un problema del pasado”, según informan desde el COAF a Europa Press, y parece haberse estabilizado su existencia en la provincia, con especial incidencia en la capital y las zonas costeras, donde se concentra el mayor porcentaje de población y de estos casos”.

Desde el colegio han señalado que, “a pesar de ser cierto que se han visto reducidos los procedimientos de ejecuciones hipotecarias presentados”, han observado que “no dejan de aparecer casos de ocupaciones ilegales” y que “se sigue sufriendo la paralización de los juzgados de estos procedimientos”, destaca el presidente del COAF, Alejandro Chamorro.

Ejemplo de eso es que en 2018 se presentaron 32 demandas por ocupación ilegal, de las que solo se han resuelto cuatro y siguen pendiente de resolución las restantes 28, mientras que en el año 2019 son otros 39 los que permanecen en trámite, ha explicado el presidente de la institución colegial onubense, quien reclama “mayor atención” de las administraciones.

Chamorro ha señalado que se sigue “sufriendo la inacción por parte de las administraciones”, en tanto que “la forma en que conviven estas personas, casi siempre en lamentables condiciones, genera importantes molestias vecinales, además de numerosos casos de violencia de género y de falta de escolarización de los niños más pequeños”.

De la misma manera se ha pronunciado el vicepresidente de los administradores de fincas, José Antonio Oria, quien ha subrayado que ha tenido que “lidiar” con casos “enquistados durante años” en algunas de las localidades costeras y ha resaltado los “continuos problemas por el enganches irregulares en los suministros, realizados por personal no adecuado”.

Este problema, ha declarado, “se suma a la dejadez de muchas entidades bancarias”, dado que “incluso muchos de los okupas quieren pagar su alquiler, pero no se les ofrecen facilidades por parte de estas entidades”.

Oria ha indicado que en otras ocasiones “el que okupa no quiere pagar nada”, pero que “los bancos no presentan las demandas pertinentes, y son los vecinos los que sufren todas las incidencias que los bancos no atienden” cuando son requeridos por parte de la comunidad de propietarios como, por ejemplo, “en casos de filtraciones de agua a sótanos por tuberías rotas, o desagües de lavadoras por balcones, y una larga casuística”.

A pesar de que haya habido un descenso en los lanzamientos judiciales por precario, que son los que no tienen ningún contrato de dicha vivienda, "la tardanza en los juzgados con los procedimientos, que son complejos y lentos, sigue causando molestias, perjuicios económicos y morales al resto de los residentes en comunidades de propietarios, ya sean de propiedad horizontal o de urbanizaciones", según ha lamentado Oria. 

Desde el COAF han reseñado que se han mantenido encuentros con la Subdelegación del Gobierno y con algunos de los ayuntamientos, así como las empresas de suministros energéticos, para tratar de paliar los efectos de una situación que consideran "tristemente normalizada", con la que los vecinos afectados y los administradores de fincas "tratamos de luchar a diario", se ha lamentado el presidente.

El problema, han explicado, "empezó a agudizarse con la crisis económica", cuando quedaron muchas viviendas vacías de diferentes tipos. Por un lado, viviendas compradas por empresas "especuladoras" a precios "por encima del mercado que tras la crisis no podían afrontar las hipotecas tan altas y los bancos fueron quedándose con las mismas".

Sólo viviendas en situación especial

Por otra parte, urbanizaciones enteras de promotores inmobiliarios que, igualmente, fueron pasando a propiedad de entidades bancarias, y, por último, viviendas ejecutadas judicialmente a los propietarios con problemas económicos sobrevenidos.

En Huelva, casi exclusivamente se han llegado a okupar estos tres tipos de vivienda y "en muy pocos casos han sido viviendas de segunda residencia o de propietarios que vivan habitualmente en la vivienda", aclara el vicepresidente del COAF.

Otra razón por la que situación parece haberse estabilizado es porque "ya casi no hay más viviendas vacías que okupar, pues todo está okupado, pero esta oleada de años de okupación ha conllevado enganches de suministros y muchísimas quejas de los vecinos", ha aclarado el vicepresidente del COAF, quien ha añadido que "ahora que está casi todo okupado la situación, lógicamente, va a menos, además de que los lanzamientos por ocupación van llegando porque llevamos más de 10 años desde las primeras ocupaciones y los juzgados van resolviendo". 

Respecto a las viviendas ocupadas que pertenecen a entidades bancarias, desde el COAF han insistido en que "en principio pagan las cuotas comunitarias, pero sí es verdad que se ha generado un gasto añadido en cada momento inicial por la dejadez de los bancos en poner medios para evitar las okupaciones".

La mayoría de casos en Huelva se concentran en la capital y en la costa

Esta situación ha provocado, según han aseverado que, "en muchos casos, fuesen las propias comunidades las que se hicieran cargo de cerrar estas viviendas" o de reparar los daños que los ocupas causaban, "sin entrar a valorar nuevamente que, por lo general el que okupa no está acostumbrado a vivir en comunidad y no respeta las normas comunitarias y se perjudica de forma grave la convivencia".

En los dos últimos años, según han reconocido desde el COAF de Huelva, "se ha podido apreciar más inmediatez a la hora de acudir los cuerpos de seguridad a las llamadas de los casos de ocupación ilegal de viviendas, y creemos que se tiene todo algo más controlado".

En este sentido, desde el Colegio Oficial de Administradores de Fincas -y siguiendo las recomendaciones del Consejo General de Colegios de España- se realizan de forma periódica recomendaciones a los propietarios sobre medidas que hay que tomar para no ser víctimas de okupación.

Para finalizar, han explicado que otra de las medidas es la de "tratar de presionar a empresas suministradoras" para que corten suministros y estar muy en contacto con las administraciones públicas como concejalías, Defensor del Pueblo andaluz y consejerías de la Junta de Andalucía, "para que estén encima de los juzgados y cuerpos de seguridad, caso por caso, además del recordatorio constante a los departamentos de okupaciones de las entidades bancarias para pedir que interpusieran las demandas pertinentes, informándoles además, de todos los problemas paralelos.