La Secretaría de Estado sugiere que los documentos fueron "colocados allí a posteriori"

La Secretaría de Estado de Seguridad remitió un informe a la Agencia Española de Protección de Datos el pasado 27 de abril en el que sugería que los documentos que fueron hallados desparramados por el suelo de la zona de locutorios del viejo penal de Isla Chica "fueron colocados allí a posteriori".

Analizados los hechos sucedidos y los testimonios aportados, le resulta "imposible" ofrecer a la Agencia una explicación lógica, y remarca que la posibilidad de que los ficheros quedaran olvidados en algún lugar de la cárcel onubense es "simplemente una hipótesis, que al no poder ser confirmada no puede concluirse como absoluta". Prefiere decantarse por la propia, al entender que no se puede objetivar que los papeles se quedaran olvidados en la penitenciaría. Esto lleva a la Secretaría de Estado a "poner en valor la hipótesis de que hubiese sido colocada allí a posteriori o que fuese hecha aparecer a propósito con alguna intencionalidad, toda vez que era viable el acceso al interior de la edificación", algo que ha terminado descartando por completo Protección de Datos en su resolución.

Insiste además en que, de los papeles rescatados, "la mayor parte carece de interés, bien porque no contiene información alguna, o bien porque el que trascienda la información o datos registrados no ocasiona perjuicio alguno más allá del propio interés para la institución penitenciaria". Detalla entonces que los ficheros son vetustos y se refieren al lapso temporal 1884-1996.

Seguridad abunda en la "imposibilidad de esclarecimiento de las circunstancias en las que tuvo lugar la aparición de la documentación", lo que obstaculiza de pleno la posibilidad de exigir responsabilidades.

El informe se cierra con el subrayado del archivo de las actuaciones iniciadas por el Cuerpo Nacional de Policía, lo que "permite concluir que en los hechos no se ha evidenciado ningún ilícito penal".