La asociación SOS Bebés Robados de Huelva ha recurrido hoy ante el Constitucional el archivo de la Audiencia Provincial de Huelva de un presunto caso de bebé robado en 2001. Isabel Lourdes Rodríguez Figuereo denunció el 22 de febrero de 2011 ante la Policía Nacional de Huelva la supuesta desaparición de uno de sus bebés gemelos en el Infanta Elena en 2001.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva incoó diligencias previas y archivó las actuaciones en diciembre de 2011 por prescripción de los hechos delictivos denunciados. Según critica SOS Bebés Robados, ni se citó a declarar a los padres, al matrono que aparece en la partida de nacimiento del hijo con vida ni al médico ginecólogo que atendió verdaderamente la cesárea.

El auto fue recurrido por la denunciante el 22 de abril de 2013 por considerar la no prescripción de los hechos y, como consecuencia, argumentar la indefensión judicial al no proseguir la instrucción de los mismos, ya que el propio Juzgado se acogió al defecto de forma (prescripción) para no proseguir la instrucción del procedimiento.

Sin embargo, el caso fue revocado por la Audiencia Provincial el pasado 20 de septiembre basándose en la prescripción de los delitos y en no considerar detención ilegal los hechos denunciados. El auto cita, además, el auto del 19 de noviembre de 2012 del Pleno de la Audiencia Provincial, compuesto por todos los magistrados de la tres secciones, por el que se "descartaba que existiera detención ilegal en los supuestos de sospechas de entregas de niños nacidos a terceros para alterar la filiación". El Pleno de la Audiencia Provincial consideró de forma unánime la prescripción de los delitos que rodean la trama de los bebés robados siempre que superen el límite temporal de 15 años.

El recurso presentado hoy critica la paradoja jurídica de que "en función de donde hayas nacido, así será el recorrido procesal de tu instrucción judicial". No en vano, Bebés Robados asegura que el archivo "coloca a Huelva y a sus ciudadanos en una situación de desigualdad jurídica en función de un criterio de territorialidad". Dicha indefensión es la que se pretende solucionar ante el Constitucional, encargado de preservar que no se vulneren derechos fundamentales de la Constitución, en este caso, la desigualdad de trato judicial en función del territorio.

En el recurso, en el que se pide que prosiga "la tramitación de las diligencias previas del Juzgado de Instrucción 5 de Huelva con la práctica de cuantas pruebas se estimen oportunas a petición de cualquiera de las partes, sin considerar los delitos prescritos", se plantea que para que no haya indefensión el cómputo debe comenzar a contar cuando aquel que ha sido objeto del delito tenga conocimiento del mismo.

Isabel Lourdes Rodríguez Figuereo dio a luz el día 15 de octubre de 2001 en el Infanta Elena. Tuvo un embarazo gemelar a término "perfecto". Ese día, una vez llegó al hospital, pasó directamente a monitores y a continuación le hicieron una radiografía. Le dieron ingreso y cuando se desencadenó el parto, la llevaron al quirófano para practicarle una cesárea. SOS Bebés Robados asegura que la denunciante observó allí a varias personas, entre ellas el médico ginecólogo, enfermeras y un celador.

Tras el nacimiento del primer bebé varón, nació el segundo y una enfermera "se lo llevó sin decir el porqué". No la volvió a ver más. Después de mucho insistir el celador informó a la madre de que el niño había nacido muerto. Este comentó que era mejor así, pues venía con problemas.

Siempre según la versión facilitada por SOS Bebés robados, el niño pesó 2.100 kilogramos (a diferencia de tan sólo 100 gramos con su hermano). Los padres no vieron al bebé en ningún momento y sí le enseñaron a la abuela "un niño totalmente morado" durante unos segundos. Horas después, las mismas enfermeras indicaron al padre que "el niño llevaba tres días fallecido en el vientre". El padre pidió la autopsia del bebé y le comentaron que los resultados tardarían cerca de un año. Nunca llegaron tales resultados.

Horas después, el padre se dirigió al mostrador para firmar el certificado de defunción de su hijo. Allí la enfermera le dijo: "No tenemos constancia de ningún bebé fallecido, nos consta que los niños están bien. Mejor se va a tomar un café y después vuelva, mientras nosotras preguntamos".

Cuando volvió, "tenían preparado el certificado para firmar y pidieron disculpa por el error". El padre comentó que estaban asegurados en el deceso con las compañías de sus respectivos padres pero ésta le contestó que "ya se harían cargo ellos porque el niño no estaba asegurado en la póliza y el seguro no responderá por ello. Además, le indicó que el entierro costaría unos 3000 euros".

El padre dijo que no podía pagar esa cantidad, a lo que la enfermera respondió que ya lo imaginaban y es por eso ellos se encargarían y lo llevarían a la fosa común. Sin embargo, en declaraciones a Huelva Información, los enterradores ya confirmaron que la fosa común se cerró en 1990. Bebés Robados, además, afirma contar con testimonios de madres que enterraron a sus niños fallecidos y al no contar con seguro de deceso pagaron a la funeraria por el entierro 1.200 euros.