El SAE eludió pedir el reintegro de las subvenciones no justificadas

Subvenciones concedidas sin cumplir con la normativa, justificaciones otorgadas sin que se cubriesen los requisitos y reintegros no iniciados o demorados en el tiempo hasta hacerlos caducar. Estas son sólo algunas de las irregularidades detectadas por la Guardia Civil en la gestión de las ayudas para la formación profesional para el empleo desarrollada en la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Huelva. Una gestión que ha llevado a la juez Mercedes Alaya a imputar al entonces delegado de Empleo en Huelva, Eduardo Muñoz, un delito continuado de prevaricación y un delito de malversación de caudales públicos por una falta de control que llegó a provocar varias advertencias del interventor provincial y la consideración por parte de la instructora de que la finalidad de todas esas irregularidades era "el clientelismo político".

El trabajo de investigación de la Guardia Civil, que se ha podido conocer ahora al levantarse el secreto de sumario, parte de dos informes realizados por la Intervención provincial que revelan un rosario de irregularidades detectadas a partir de 2012. Al revisar las ayudas del ejercicio 2012 éste detectó que las subvenciones de formación profesional para el empleo presentaban "en general, una deficiente gestión en la tramitación de expedientes". Una forma resumida de decir que se había encontrado un exceso en los importes concedidos sobre lo justificado sin que constase reclamación alguna por parte del SAE, se habían imputado gastos que no correspondían a las subvenciones o que se producía un "inadmisible retraso" en las tareas de justificación y liquidación de las ayudas. El resultado de este informe fue doble: una advertencia, que "la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Huelva no ha cumplido con la legislación", y que se encendiese la alarma de la Intervención General ante la probabilidad de que esas irregularidades se reprodujesen en otras provincias.

Ante esa posibilidad, se encargaron una serie de informes especiales en todas las provincias por parte de la Intervención. El SAE no se interesó por el asunto, a pesar de que el estudio también había sido enviado a su director provincial, Eduardo Muñoz. En esta segunda fase, el interventor hace un estudio de las subvenciones otorgadas en el periodo 2009-2012, con conclusiones aún más contundentes. El inicio ya prometía que habría nuevas irregularidades que detectar: cuando el interventor pidió la justificación de todos los gastos presentados por los beneficiarios que habían recibido en su día el visto bueno del director provincial a través de una certificación (necesaria para el cobro de la ayuda) se encontró con que en el 99% de los casos la documentación estaba incompleta. Era sólo un primer paso: el interventor adjunto llegaría a asegurar ante la Guardia Civil que se ha comprobado que el órgano gestor (el SAE) "no comprobaba esa documentación justificativa, puesto que el certificado emitido no se corresponde con la realidad, bien por desidia o, incluso, dolo". Es decir, que las certificaciones de cumplimiento estaban siendo concedidas sin comprobar que cumplían los requisitos y en casos sin que efectivamente los cumpliesen. Así lo destacó la propia Guardia Civil tras revisar diferentes expedientes: el delegado acreditaba con un certificado que la subvención había sido correctamente aplicada pero la intervención detectaba irregularidades en ese expediente.

El estudio realizado sobre las subvenciones otorgadas en esos cuatro ejercicios encuentra irregularidades en todos los momentos del proceso de concesión de las ayudas. Así, ninguno de los expedientes revisados para este informe especial tiene un documento de evaluación de solicitudes, ni una baremación. Además, se detecta que se están concediendo subvenciones a entidades beneficiarias de fondos en años anteriores a pesar de que constaba en las fichas de seguimiento del SAE que los alumnos se habían quejado por la falta de medios y profesionalidad de esas entidades. También se consideran práctica habitual las modificaciones de los plazos de ejecución y justificación de las actividades formativas.

El interventor de Huelva alerta también de que en el 57% de los expedientes seleccionados para el estudio no se ha justificado adecuadamente el gasto, algo que achaca al retraso del órgano gestor en la revisión de la justificación presentada por los beneficiarios. En la mayoría de los expedientes no se incluye un informe de auditoría pese a ser obligatorio y, lo que es aún peor, en el caso de los que sí lo aportan "existen evidencias suficientes para poner en cuestión la rigurosidad de dicho informe", es decir, la entidad externa encargada del control de las cuentas tampoco lo ejerce.

Falta de documentación obligatoria en el expediente, gastos que no pueden imputarse a subvenciones o el hecho de que se encuentren operaciones entre empresas vinculadas o del mismo propietario con cargo a la subvención (sin que se acredite que se están realizando a precios de mercado) son algunas de los problemas destacados en el informe elaborado. Pero además, aquellas ayudas que están destinadas a la generación directa de empleo al exigir un compromiso de contratación por parte de la empresa beneficiaria no cumplen su cometido: según recoge el interventor "ninguno de los expedientes de compromiso de contratación remitidos en la muestra seleccionada para este control especial ha concluido con el contrato de los trabajadores en las condiciones establecidas en la resolución".

Las subvenciones son concedidas pese a todo y la Administración debería haber reclamado a las empresas que habían obtenido las ayudas los fondos concedidos al no haberse justificado adecuadamente. Sin embargo, la Intervención observa como "práctica reiterada por parte del órgano gestor" (el SAE) que se iniciaban expedientes de reintegro sin darle continuidad al procedimiento, lo que provocaba su caducidad y posterior prescripción. De hecho, de cuatro expedientes abiertos en Huelva, sólo uno había terminado en la vía ejecutiva. Otro se había archivado y los otros dos no continuaron la tramitación. Para la juez Alaya "se aprecia la intencionalidad de no exigir las comprobaciones legalmente previstas".

La Intervención informaba anualmente al SAE de las subvenciones que no habían sido justificadas en plazo sin aparente resultado: entre 2005 y 2013, asegura la intervención, se requirió a la Delegación Provincial del SAE que justificase un total de 27,6 millones de euros en subvenciones (la mayoría entre 2011 y 2012). Una cuantía tan alta que la Guardia Civil considera que "difícilmente puede alegarse ignorancia o falta de medios ante tamaño desfase".

La falta de justificación provocaba además otro problema: la normativa impide que las entidades con subvenciones pendientes de justificar se les otorgasen nuevas ayudas. El SAE empezó entonces a usar las exceptuaciones, un mecanismo previsto en la norma para casos de especial interés social pero que se empleó de forma sistemática ante el elevado número de justificaciones pendientes. Para ello, relata la Unidad Central Operativa (UCO), el director provincial del SAE comunicaba la identidad de los beneficiarios cuyas justificaciones pendientes les impedía recibir nuevos pagos de forma que se pudieran emitir las resoluciones de exceptuación. Algo que para la instructora era un "instrumento para evitar la justificación de las subvenciones", destacando que las empresas incluidas en el listado de exoneradas "eran favorecidas por su personal decisión", provocando con ello "un grave menoscabo de fondos públicos". La juez recuerda que con estas exceptuaciones se evitaban expedientes de reintegro que hubieran supuesto la recuperación realizados. En total, 53 entidades se beneficiaron en distintas resoluciones de este sistema entre 2009 y 2013. Aunque el informe de la Guardia Civil también advierte de que se detectó incluso el pago a entidades que no habían acreditado siquiera esa exoneración.

Ante este cúmulo de irregularidades, el Instituto Armado atribuyó al delegado provincial la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. El interventor ya señalaba en su informe especial que del estudio de los expedientes se extraía "la necesidad de plantear la exigencia de posibles responsabilidades" y alertaba de que "la falta de seguimiento de los procedimientos establecidos ha ocasionado un menoscabo de los fondos públicos". "Todas esas irregularidades podrían ser causa de responsabilidad administrativa", concluía. Para la juez Mercedes Alaya y la Guardia Civil, también de responsabilidad penal.