Propone ayudas por desplazamiento para familias con niños en reformatorios

La onubense continúa siendo la única provincia de la comunidad autónoma andaluza que no dispone de un centro de reforma para el internamiento de menores infractores, lo que significa que todos los adolescentes condenados por cometer algún delito por el juez de Menores de Huelva tienen que desplazarse hasta otra provincia para cumplir la pena impuesta. El Defensor del Menor, Jesús Maeztu, vuelve a recordar esta carencia en el Informe al Parlamento 2013 (si bien no la solicita de nuevo, como hizo su predecesor, José Chamizo, en reiteradas ocasiones), a la que agrega la necesidad de la ampliación de plazas en el centro cerrado San Miguel de Granada.

Que lo menores estén en otra provincia -algunos permanecen internos en los reformatorios de Almería- genera a sus familiares grandes dificultades para poder visitarlos. Ante esta coyuntura, el Defensor pide a la Junta de Andalucía que estudie la posibilidad de establecer "una línea de ayudas económicas para aquellas familias con escasos recursos económicos tendentes a facilitar a sus integrantes la visita al familiar, menor de edad, que se encuentra interno/a en un centro alejado de su domicilio", medida de la que se beneficiarían especialmente las familias onubenses.

Maeztu hace referencia a otras quejas ya presentadas por su oficina en 2005 y 2006 en las que se ponía de relieve que "los argumentos fundamentales por los que los menores solicitan su traslado de centro es por el coste que supone para sus familiares el trasladarse para visitarlos, siendo así que muchos de los internos proceden de familias" sin recursos, motivo por el que la institución cree conveniente el establecimiento de "una línea de ayudas económicas para facilitar el desplazamiento de los familiares a los centros en que los menores se encuentran internados".

Detalla en el informe que dicha subvención no debe ser una nueva carga para los Servicios Sociales Comunitarios ni una nueva prestación, sino una suerte de ayuda por desplazamiento similar a "los gastos de traslado para el acceso a la prestación sanitaria o los gastos de traslado de los menores a los centros educativos".

La Viceconsejería de Justicia respondió a esta petición "que se procedería al estudio de las distintas posibilidades legales y presupuestarias para hacer frente a tales ayudas", aunque precisando que dicho asunto podría resultar "complejo de articular al exceder en parte las competencias de la Consejería de Justicia".

El Defensor del Menor en Andalucía, que avanza que se encuentra trabajando en un informe especial sobre el Sistema de Responsabilidad de Menores en la región que hace hincapié en las medidas de internamiento, indica en su recomendación que, tras pulsar la opinión de distintos profesionales sobre este asunto, han puesto la tilde "en la bondad de los contactos familiares y en cómo, en ocasiones, éstos se ven dificultados por la lejanía del domicilio familiar del menor, dándose casos extremos en que la economía familiar no permite tales desplazamientos".

Porque haberlos haylos y porque en ocasiones son los Servicios Sociales Comunitarios los que palian la situación, ofreciendo ayudas económicas para el transporte, Maeztu retoma la cuestión "aún comprendiendo las limitaciones presupuestarias actuales", al considerar que estos casos "limitados y excepcionales perjudican la importante labor formativa y resocializadora que se realiza con el menor".