Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO realizaron ayer en la Plaza de las Monjas la primera movilización del año, dirigida contra el Gobierno para reclamar un aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) y la derogación de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy y de la reforma de las pensiones también “impuesta” por el Gobierno del Partido Popular en 2013.

Los sindicalistas onubenses estuvieron acompañados en la concentración en un segundo plano por dirigentes de Izquierda Unida, que forman parte del Gobierno actual con Unidas Podemos junto al PSOE, a cuyo pacto para gobernar apelan en sus reivindicaciones.

“Queremos que el Gobierno cumpla con los compromisos preelectorales para sacar adelante una agenda social importante que permita salir a la gente de la situación que padecen”, apuntó Sebastián Donaire.

El secretario general de UGT en Huelva defendió que la provincia necesita de ese “paraguas social” por ser una de las “más castigadas por el empleo, la desigualdad y la precariedad laboral”. “Los datos nos avalan: casi el 27% de los parados en Huelva no reciben ningún tipo de prestación y son casi 60.000 personas que no encuentran empleo”.

Los dos sindicatos incidieron en la necesidad de no congelar el SMI, máxime, dijo Donaire, después de que en el resto de países de la UE haya subido: “En estos cuatro años, el salario debe ser de 1.200 euros, que es el 60% del medio en España”.

“El SMI tiene que subir sí o sí este año. Llevamos dos años de subidas importantes que nosotros agradecemos porque tienen un beneficio inmediato sobre los sectores más desfavorecidos de la clase trabajadora, como son los jóvenes y mujeres de este país”, explicó el secretario general provincial de CCOO, Emilio Fernández.

En este aspecto, asegura, tiene especial relevancia para la provincia onubense, ya que “las mujeres y los jóvenes de Huelva son los peor pagados de este país”. “Aquí tendría un efecto inmediato esa subida porque casi un tercio de los trabajadores no llegan al salario mínimo interprofesional. Por eso en Huelva tenemos una razón adicional para exigirle al Gobierno que cumpla con el incremento al menos hasta los 1.000 euros, que es a lo que se habían comprometido”, explicó Fernández durante la movilización, en la que de un modo gráfico habló de “sacar una tarjeta roja al Gobierno por el incumplimiento de sus compromisos”.

Entre éstos, los sindicatos señalan directamente a la reforma laboral aprobada en 2012, a la que responsabilizan de haber creado “empleo precario, de muy baja calidad y estacional”.

“Entendemos que no sólo hay que derogar los aspectos más lesivos”, apuntó Sebastián Donaire, sino derogar la reforma íntegramente porque tenemos que regular la subcontratación, la prevalencia de los contratos sectoriales sobre los de empresa y, sobre todo, activar la ultraactividad porque eso dejó en el camino a muchos trabajadores sin un marco regulatorio”.

La tercera demanda en la movilización nacional es la derogación de la reforma de las pensiones “que ha supuesto un empobrecimiento y un retroceso de las pensiones”. “Le estamos pidiendo al Gobierno –comentó Emilio Fernández– que cumpla lo que ellos mismos han acordado en el Pacto de Toledo y que derogue el factor de sostenibilidad de las pensiones”.

Desde UGT y CCOO entienden que esta “primera medida de presión” va a tener efecto en el Gobierno, aun con una derogación parcial de la reforma laboral. “Si no cambia de criterio seguiremos presionando igual que hemos hecho siempre”.