Los informes de la Policía Local dan cuenta de un "fraude generalizado" en el uso de las tarjetas que permiten a las personas de movilidad reducida aparcar gratuitamente en la Zona Azul, una bonificación a la que tienen derecho casi 4.000 onubenses pero de la que se están beneficiando otros miles de forma irregular.

Según confirmaron a este periódico desde el Ayuntamiento de Huelva, en el 90% de los casos esta acreditación emitida por la Junta de Andalucía se utiliza vulnerando la normativa municipal, por lo que la nueva ordenanza de la Zona ORA (Ordenación Regulada de Aparcamientos) cambiará el sistema para poner más trabas a la picaresca.

Según las inspecciones policiales, el 50% de las tarjetas que se están utilizando en la ciudad son falsificaciones -bien porque se trata de fotocopias o copias sacadas de una página web-, y en el resto de los supuestos, sólo el 10% de los usuarios utiliza estos distintivos para transportar a la persona con discapacidad que es titular de la tarjeta.

Como ha comprobado la Policía, la dinámica habitual es usar la acreditación de un familiar o conocido para un uso personal no autorizado, tratándose "generalmente ciudadanos que trabajan en la zona Centro y, de esta manera, evitan el pago", explicaron desde el Consistorio onubense.

Estos casos no sólo han sido percibidos por los agentes del cuerpo municipal sino que, además, han sido mucho los minusválidos que han presentado sus quejas al Ayuntamiento, ya que cuando se desplazaban al Centro les era muy difícil encontrar aparcamiento y ellos mismos alertaron de la excesiva proliferación de estas tarjetas.

Estas reclamaciones llegaron a la Oficina del Defensor del Onubense -un servicio que el plan de ajuste municipal suprimió el pasado 1 de julio-, de modo que la institución hasta entonces representada por Manuel Rodríguez hizo una recomendación para que se acuñaran tarjetas municipales específicas, con el número de matrícula del vehículo, que facilitaran el control por parte de la Policía tal y como ha demostrado la experiencia en ciudades como Zaragoza, Alcorcón, Medellín (Badajoz), Alicante y Cádiz.

Y es que en gran parte de estas prácticas fraudulentas, a los agentes les resulta imposible determinar si el coche en cuestión corresponde con la tarjeta que se expone en el salpicadero, con la salvedad de las ocasiones en que se puede identificar in situ al conductor.

Para proteger los derechos de las personas con discapacidad, el área que encabeza la teniente de alcalde de Seguridad y Movilidad, Carmen Sacristán, establece en la nueva normativa -que entrará en vigor a finales de año- unas reservas señalizadas dentro de la Zona ORA como parking para personas de movilidad reducida. Al estar delimitadas, se facilita la inspección policial de estas plazas de estacionamiento.

Según el Ayuntamiento, "los aparcamientos en zonas reservadas para minusválidos en el resto de la ciudad funcionan correctamente, ya que son los propios minusválidos los que denuncian el fraude cuando van a aparcar y ven que está ocupada la zona. Entonces llaman a la Policía, que actúa y acaba retirando el coche con la grúa y poniendo la multa. Este mismo mecanismo es el que se quiere implantar en la Zona Azul".