La Policía detecta más de 40 matrimonios de conveniencia

La Policía Nacional de Huelva ha detectado en menos de dos años más de 40 presuntos matrimonios de conveniencia en la provincia celebrados entre personas extranjeras y comunitarias, en su mayoría se conocen estos casos durante la entrevista debido a las contradicciones pero un gran número de caso se detecta por la falta de convivencia entre los cónyuges.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Brigada de Extranjería, han destacado que en los dos últimos años se ha producido un descenso en el número de casos debido a las actuaciones de la Policía Nacional. No obstante, han remarcado "el vacío" legal existente.

A este respecto, han explicado que la opción del enlace matrimonial se presenta como algo más inmediato para "conseguir el status comunitario" y es que, por norma general, cuando el extranjero no cumple los requisitos para regularizarse tiene dos opciones, quedarse en situación irregular con riesgo de un expediente sancionador, o bien, contraer matrimonio para adquirir los derechos de un español. En un primer momento, tras el enlace, consigue la tarjeta de familiar de comunitario y más tarde solicitar la nacionalidad española.

Por ello, si la Policía constata que el enlace se ha celebrado de manera "fraudulenta", se comete una infracción grave de tipo económico, ya que el Código Penal de España no se contempla los "matrimonios inválidos", por lo que, al no estar tipificado como delito no conlleva pena de prisión, salvo que para la unión se lleve a cabo otro delito, como la falsedad documental.

De esta manera, en el supuesto de que haya sido corroborado el provecho del matrimonio, la Policía Nacional emite el informe de investigación a la Subdelegación del Gobierno y a la Fiscalía, que si valora que existe algún tipo de indicio, lo remite a su vez al juzgado de paz o registro civil donde se celebró el matrimonio para a través de un proceso civil deliberar si se procede al auto de nulidad del matrimonio.

Así las cosas, la persona en cuestión continúa con el derecho de residencia que le otorga el matrimonio hasta que la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno deniegue el trámite, momento este en el que el extranjero volvería a encontrarse en régimen irregular y tendría que acatar el procedimiento de expulsión.

De este modo, han explicado que la duración de la investigación depende de cada caso y puede rondar "el mes", aunque en la mayoría de los casos se detecta "de forma sencilla" debido a que se producen contradicciones en las entrevistas, o bien porque se corrobora que no viven juntos, o por otra parte por indicios como la diferencia de edad. Al sospechar, la Policía indaga también si algunos de los cónyuges tiene antecedentes o una orden de expulsión.

Estas mismas fuentes han señalado que tienen en marcha la investigación de diez casos en lo que llevamos de año ya que uno de los contrayentes -en su mayoría la mujer- al sentirse "utilizada para conseguir los papeles" lo hace constar ante la Policía. En otros casos, la pareja no puede comunicarse al expresarse en idiomas distintos, de ahí que la mayoría de españoles se casan con sudamericanos, si bien también lo hacen, por motivos geográficos, con personas de nacionalidad marroquí o nigeriana.