La Policía Local investiga una oleada de denuncias por estafas en la revisión del gas

Timos con factura amparados en el libre mercado, que pueden traducirse en un sablazo de hasta 200 euros por un servicio que en condiciones normales se sitúan entre los 35 y los 45 euros. Las estafas en la revisión domiciliaria del gas (canalizado o butano) son una de las tretas más antiguas y recurrentes que la crisis está multiplicando a la luz de las quejas que llegan a las asociaciones de consumidores de toda España. En la capital onubense, las prácticas abusivas de las que la Policía Local tenía constancia como algo esporádico y "residual", están deviniendo en los últimos días en una oleada con una quincena de casos detectados en apenas una semana y media.

La alarma ha llegado por las numerosas quejas ciudadanas trasladadas a la Comisaría del Distrito V sobre presuntos fraudes o abusos en cuanto a los honorarios que ciertas empresas, normalmente provenientes de Sevilla, están solicitando a los clientes una vez realizado el trabajo. Llaman al domicilio de la víctima, normalmente "personas de cierta edad", anunciando "en actitud imperativa" que "vienen a hacer la revisión" y sin dar presupuesto previo, explican desde la Comisaría. "Finalmente, tras realizar los trabajos, -precisan- fundamentalmente el cambio de la manguera conductora del gas, les expiden un certificado de revisión así como una factura del trabajo efectuado (todo legal), pero con un precio superior al que las empresas del mismo gremio o incluso autorizadas por el mismo proveedor de los servicios (Repsol, Cepsa, Gal, etc) les cobraría, como no existe precio mínimo ni máximo estipulado para estos trabajos. Todo queda dentro de lo que se denomina mercado libre".

Por ejemplo, uno de los casos denunciados objeto de revisión policial, eleva a 98 euros (60 euros por el certificado de revisión, 20 por el cambio de manguera y el resto de IVA) una factura por la que las empresas autorizadas por el proveedor cobraría 35 euros. En otros supuestos en los que además ha habido que cambiar el regulador, la minuta ha alcanzado los 200 euros e incluso han venido a cobrarla en dos veces.

"El problema es que los afectados casi nunca presentan denuncia -apuntan desde la Jefatura- y tenemos que parar esto, aunque todo apunte de momento a que se trate de empresas legales de revisión de las instalaciones, pero estamos estudiando cómo podemos intervenir jurídicamente para impedir estos abusos".

A pesar de que los sujetos "interceptados" recientemente por la Policía Local "pertenecían a empresas legales" y, en principio, "cumplen con todos los requisitos", el modus operandi descrito anteriormente, con la consiguiente falta de información al cliente, ha llevado al cuerpo de seguridad a requerir información a la Delegación de Innovación de la Junta para comprobar que estas entidades estén homologadas para actuar en Huelva, planteando asimismo una colaboración con la unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional

En paralelo, a modo de prevención, la Comisaría ha puesto en marcha una campaña informativa al respecto, remitiendo circulares a las asociaciones de vecinos de su ámbito competencial, que abarca las barriadas de La Orden, Santa Marta, Príncipe Felipe, Príncipe Juan Carlos, El Torrejón, Nueva Huelva, Verdeluz, La Hispanidad y Licinio de la Fuente.

No obstante, fuentes vecinales han trasladado a este periódico que también se han localizado casos en Huerto Paco y la Policía sospecha igualmente de que estas prácticas están teniendo lugar en otros barrios con mucha población de avanzada edad, como Los Rosales o, Pérez Cubillas. Según señaló en declaraciones a este diario la teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Carmen Sacristán, "vamos a hacer extensiva esta campaña a toda la ciudad para informar a la población de estas prácticas. En este y otros muchos aspectos, la Policía Local está haciendo una labor social fundamental, en este caso tratando de prevenir a las personas mayores para que no sean víctima de estos engaños".

En esta línea, desde el Ayuntamiento se han emitido una serie de "recomendaciones a los usuarios del gas butano y del gas natural", comenzando por informar de que la revisión de estos suministros domésticos debe hacerse previo aviso por escrito y no con una inspección espontánea. La Policía aconseja desconfiar de visitas inesperadas que no se hayan solicitado expresamente y hayan sido notificadas con antelación. Se debe solicitar siempre el carnet oficial profesional y la acreditación como instalador autorizado por la comunidad autónoma. Ante la duda, no dejarse llevar por presiones y realizar la consulta pertinente a la empresa suministradora del gas natural, "ya que sólo ésta es la que tiene que hacer el control de seguridad de las instalaciones y aparatos".

En cuanto a la revisión periódica del gas butano, recuerdan desde el Consistorio que debe hacerse cada cinco años. "El titular es quien debe solicitar a una empresa instaladora de confianza esta revisión reglamentaria. Si no conoce ninguna, solicite información a los gremios de instaladores. Debe tener cuidado -sostienen en el aviso policial-, ya que la realización de la revisión periódica debe efectuarse por parte de un instalador autorizado, solicite un presupuesto detallado y completo antes de la realización del servicio".

Cuando el instalador autorizado haya realizado la revisión, pegará un adhesivo que acredite la fecha y sirva de recordatorio para la próxima. También entregará un certificado de revisión, que debe guardar el propietario.