Golpe de efecto en la investigación del agujero contable detectado en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Huelva arrestó en la tarde de ayer al que fuera durante decenios secretario del órgano profesional y ex concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Aljaraque, Casto Pino, como principal sospechoso de la desaparición de más de 1,1 millones de euros de las arcas de la institución.

Además, han sido detenidos su esposa, A.S.N, de 50 años, también vinculada a dicha institución  y A.G.V, de 49 años,  asesor contable de dicho Colegio.

Según ha podido saber Huelva Información, el arresto fue la culminación de una jornada frenética, que llevó a los agentes -dirigidos por el magistrado del Juzgado de Instrucción 4 de Huelva, Javier Pérez Minaya- a efectuar registros en distintos escenarios de la provincia.

En la capital, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales fue el primero de ellos, aunque el grueso de la información ya está aportada a la causa denunciada por la propia corporación profesional.

La comitiva investigadora registró después el domicilio del único imputado hasta el momento, un chalé ubicado en el corazón de La Dehesa Golf, en el término municipal aljaraqueño. Los agentes intervinieron el material que consideraron necesario. Casto Pino salió de allí sin esposas, pero ya en calidad de detenido, aseguraron las fuentes consultadas por este diario.

El último de los registros de la jornada tuvo lugar a primera hora de la tarde en Punta Umbría, concretamente en una vivienda antigua propiedad del ex edil, pero muy bien situada, en plena Avenida del Atlántico. En este caso los investigadores no pudieron llevarse nada. El piso estaba completamente vacío, por lo que en su interior no hallaron ningún elemento de interés para la investigación.

Casto Pino pasó la noche en los calabozos de la comisaría del Paseo de las Palmeras, indicaron a este rotativo fuentes del caso. A priori, podrían atribuírsele delitos de apropiación indebida, falsedad documental, falsificación contable e, incluso, blanqueo de capitales. A la mujer se le acusa de los mismos delitos y al tercer detenido, uno de blanqueo de capitales.

El pufo lo detectó el propio Colegio de Ingenieros Técnicos industriales el pasado verano, aunque las sospechas eran pretéritas. Casto Pino había dominado las cuentas durante su extensísima etapa como secretario de la institución. Ejercía de gerente y la contabilidad siempre pasaba por su filtro.

La primera vez que el Colegio tomó la iniciativa de llevar a cabo una auditoría por los desfases en sus arcas se la encargó a Taller de Finanzas SL. Uno de los socios de esta mercantil es el ex alcalde de Aljaraque Juan Manuel Orta (PP), imputado por la trama corrupta destapada en el municipio y por la que rendirá cuentas también ante la Justicia el propio Pino, ojo derecho del ex regidor municipal durante su etapa de gobierno. El resultado de los análisis contables no satisfizo al Colegio.

Durante la primavera del año pasado, Casto Pino ponía fin a su etapa en la Secretaría de la organización. Alegó motivos personales para ello y sorprendió a muchos de los que le conocían de toda la vida. Pero su decisión pudo tener poco que ver con la casualidad.

La directiva del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales no se había quedado tranquila con la auditoría de la empresa de Orta. Seguía detectando desfases en las cuentas, narraron fuentes internas a este diario. Así que puso el asunto en manos de los economistas Leal y Martín.

Los auditores examinaron durante semanas la documentación, cotejaron cifras y hallaron lo que buscaban: un pufo de 1,1 millones de euros. Y eso que sólo se centraron en un breve periodo de tiempo (no más de un año).

El dinero sin justificar fue invertido en cacerías internacionales, comilonas, viajes, artículos de lujo y otro tipo de servicios de elevada cuantía, puro reflejo de una vida a todo tren escondida bajo el maquillaje de una contabilidad falsa.

Con la contundencia de los datos sobre la mesa, el Colegio de Ingenieros Técnicos industriales tomó la determinación de poner el caso en manos de los tribunales. El pasado agosto presentó una denuncia formal en el Palacio de Justicia que fue admitida a trámite por el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Huelva, quien lleva las riendas del procedimiento que culminó ayer con la detención de Casto Pino.