La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Huelva acoge a partir del lunes el juicio contra un hombre de la capital acusado de un delito continuado de estafa -por el que piden cinco años- y de un delito contra la integridad moral --por la que se pide la pena de un año de prisión- contra su padrino, una persona de avanzada edad, con la que convivió entre abril y julio de 2019 con, presuntamente, la finalidad de prestar cuidado a esta persona que estaba enferma de diversas patologías y presentaba deterioro cognitivo.

Así, según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, el acusado "consciente y voluntariamente ni prestaba al citado los cuidados necesarios ni una alimentación adecuada ni le suministraba la medicación que tenía pautada, llegando a desatenderlo en sus necesidades más básicas e incluso a atarlo a la cama provocando que el mismo se hiciera encima sus necesidades".

Prosigue el escrito señalando que en julio de 2019 el acusado "golpeó al perjudicado, causándole lesiones consistentes en erosiones-excoriativas en dorso de la mano izquierda, región metacarpiana del segundo y tercer dedo en región dorsal de la mano derecha a raíz del cuarto dedo", así como que "a fin de perpetuar la situación impidió que los familiares tuvieran contacto" con el agredido, "impidiéndoles entrar en la vivienda y comunicarse con el mismo por teléfono".

Así las cosas, la Fiscalía destaca que estos hechos motivaron una intervención de la Policía Nacional a finales de julio de 2029 "en la que constataron la acumulación de suciedad en la vivienda, así como el desorden y el olor a orín".

Asimismo, la Fiscalía señala que el acusado, "aprovechando el deterioro cognitivo" de esta persona mayor con anterioridad al comienzo del periodo de convivencia "logró que el perjudicado firmara un contrato de alquiler en mayo de 2017 sobre su vivienda, figurando en dicho contrato el acusado como arrendatario aunque el mismo en ningún caso efectuó el pago obligado de la renta indicada en el contrato", así como que en 2018 "logró mediante engaño que el perjudicado le autorizara en su cuenta bancaria e hiciera una transferencia a su favor por la cantidad de 17.000 euros".

Además, señala que "logró que el perjudicado le acompañara en un número indeterminado de ocasiones a cajeros automáticos para obtener el reintegro de cantidades de dinero cuya cuantía no ha podido ser determinada" y que hizo que el perjudicado firmara un contrato de préstamo "por el cual transfirió al acusado la cantidad de 120.000 euros sin hacer frente a ninguna de sus cuotas, apoderándose de ese modo con ánimo de lucro ilícito de dicha cantidad".

También en 2018 el acusado "indujo" al perjudicado a comparecer en una notaría "con la finalidad que modificara su testamento anterior otorgado en 2010, procediendo a nombrarle heredero universal de todos sus bienes" y que después del ingreso de esta persona en una residencia en julio de 2019, el acusado obtuvo de los cajeros automáticos "la cantidad de 2.375 euros, haciendo uso para ello de la cartilla bancaria de aquel".

Según el informe emitido por un médico forense, a fecha de los anteriores hechos relatados el perjudicado presentaba un trastorno cognitivo "muy importante", con "grave afectación de sus habilidades para la vida independiente y de sus habilidades económicas, jurídicas, administrativas y patrimoniales" entre otras, "siendo compatibles tales déficits con una importante alteración de sus facultades intelectuales y volitivas, careciendo en consecuencia de capacidad contractual" y que en julio de 2019 "presentaba una demencia de tipo mixto, vascular y degenerativa".

Por todo ello, la Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de estafa, por el que pide cinco años de prisión, con multa de 18 meses a razón de seis euros de cuota diaria, un delito contra la integridad moral, por la pide la pena de un año de prisión y un delito leve de lesiones, por lo que solicita la pena de multa de un mes a razón de seis euros de cuota diaria.

Además, una vez que el perjudicado ha fallecido, pide que se declare nulo el último testamento y que el acusado indemnice a quienes resulten herederos con 120.000 euros por el contrato de préstamo, 17.000 euros por la transferencia y la cantidad de 2.375 euros por los reintegros de dinero en cajeros.