EDUCACIÓN

El Personal Técnico de Integración Social denuncia el impago desde mayo a sus trabajadores en Huelva

  • El colectivo, que atiende las necesidades educativas especiales en los centros públicos andaluces, está integrado en su mayor parte por mujeres

  • CCOO señala que son 140 los empleados afectados por el retraso en los cobros en la provincia

Marina Vega, secretaria general del Sindicato de Enseñanza de CCOO y María Benjumea, delegada de CCOO del comité de empresa de Al-Alba. Marina Vega, secretaria general del Sindicato de Enseñanza de CCOO y María Benjumea, delegada de CCOO del comité de empresa de Al-Alba.

Marina Vega, secretaria general del Sindicato de Enseñanza de CCOO y María Benjumea, delegada de CCOO del comité de empresa de Al-Alba. / Rafa del Barrio (Huelva)

El Personal Técnico de Integración Social (PTIS) denuncia que 140 de sus trabajadores en Huelva sufren el impago de nóminas desde mayo. En rueda de prensa, Marina Vega, secretaria general del Sindicato de Enseñanza de CCOO, señaló que el 90% de este colectivo son mujeres "en un nuevo caso del binomio mujer y precariedad". Vega explicó que estos servicios específicos están en parte privatizados por la Junta. En este caso concreto, las tres caras del conflicto tienen por un lado a la Consejería de Educación, a las empresas adjudicatarias de estos servicios Fundación Samu y Al-Alba, y en tercer lugar a los afectados, que son los trabajadores de éstas. 

Aunque este personal técnico, antes conocidos como monitores de educación especial, ya arrastraba conflictos laborales anteriores, el último capítulo de desencuentros con la Consejería de Educación se ha producido a raíz del decreto del estado de alarma por el coronavirus. La medida supuso el cierre de los centros educativos y "tras las presiones sindicales", explica Marina Vega, la Junta publicó un decreto que garantizaba el pago a las empresas adjudicatarias, en este caso la Fundación Samu y Al-Alba.

"Lo que supuso al principio un alivio se convirtió en una pesadilla", detalla la representante sindical, ya que, prosigue, "no cobran el desempleo porque no se ha presentado un ERTE pero tampoco cobran las nóminas como se les garantizó", es por esto que CCOO exige "que se libere el crédito obligando al pago a las adjudicatarias, pedimos responsabilidad social". 

El sindicato habla además de "una maniobra de despiste y una estrategia de confusión" por parte de estas empresas subcontratadas para que toda la responsabilidad por el incumplimiento con los trabajadores "recaiga en la Administración".

Como delegada de CCOO en el comité de empresa de Al-Alba, María Benjumea pide "subrogar el personal el curso que viene" como solución fundamental, y de manera más perentoria, el pago de las nóminas ante todo "a las familias más vulnerables" ante una situación que las ha llevado al límite porque no han obtenido respuesta por parte de las empresas. Tanto es así, asegura Benjumea, que se han visto obligados en algunos casos a acudir a ONG para buscar soluciones.

El Personal Técnico de Integración Social en Huelva cuenta con 140 empleados de empresas adjudicatarias de la Junta más 80 que sí son personal de la Administración andaluza. En el caso del primer grupo, María Benjumea denunció la "precariedad sufrida durante muchos años" por este colectivo, una situación contra la que llevan años luchando y por la que han tenido ya varias jornadas de huelga para reivindicar sus derechos laborales. 

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