Las constantes protestas que reiteradamente llevan a cabo los profesionales sanitarios sobre lo barato que salen las agresiones de las que son objeto, tienen en dos sentencias judiciales a las que ha tenido acceso Huelva Información, una confirmación efectiva. Un fallo de conformidad dictado por el Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva, impone una condena de 6 meses de prisión que no deberá cumplir si no delinque en un periodo de dos años y al pago de 180 euros a un hombre que insultó, agarró del pecho y dio dos puñetazos en el rostro a un médico. La otra sentencia habla de las descalificaciones de las que fue objeto una médico nacida en la República Dominicana y que presta sus servicios en un centro de salud de la provincia, por parte de un paciente que la llamó “panchita”. De nuevo, seis meses de prisión a pesar de que le considera responsable de un delito de odio, 6 euros diarios durante 6 meses y 1.500 euros de indemnización a la facultativa.

La primera de las sentencias tiene fecha del pasado 28 de abril y se trata de un juicio en el que las partes llegaron a un acuerdo. El acusado, “sobre las 10:00 del 9 de octubre de 2020 en el centro de salud de La Orden, accedió a la consulta de un médico de familia, comenzando a mostrarse agresivo con el facultativo, debido a que éste le había colgado una llamada realizada la misma mañana. tras ser insultado por el acusado, le agarró a continuación del pecho, le empujó contra la pared y le dio dos puñetazos en el rostro, agresión que acabó cuando el perjudicado consiguió salir de la consulta y fue auxiliado por el personal del centro”.

Como consecuencia de estos hechos, “el perjudicado sufrió lesiones consistentes en eritema y edema a nivel de la frente, pómulo derecho y tabique nasal, importante edema conjuntival y edema parpebral que precisaron primera asistencia facultativa y tardaron ocho días en curar. Asimismo resultaron dañadas las gafas del perjudicado”. El fallo reconoce que la víctima ha sido indemnizada por el acusado con carácter previo al acto de la vista, sin que tenga que reclamar nada por los hechos causados.

Así, se le impone una condena por un delito de atentado contra personal sanitario de 6 meses de prisión; como autor de otro delito leve de lesiones, una multa de un mes a razón de 6 euros diarios. La pena de prisión “queda en suspenso durante dos años, apercibiéndole a que en caso de cometer un nuevo delito, se revocaría la suspensión y se acordaría su ingreso en prisión”.En cuanto a la multa, se abonarán los 180 euros en dos plazos mensuales.

Delito de odio de "menor entidad"

La otra sentencia es de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva.En esta ocasión, sobre las 13:00 del 10 de marzo de 2020 acudió a un centro de salud de una localidad de la provincia a fin de recibir asistencia médica. La doctora, nacida en la República Dominicana, se dirigió al mismo y le pidió que esperara porque en su consulta estaban arreglando un problema técnico con la impresora. Viendo la actitud del paciente, la doctora se dirigió a la consulta de Enfermería para atenderlo, “momento en el que el acusado, con el propósito de humillarla y menoscabar su integridad moral, motivado por el origen nacional de la doctora, se dirigió a ella gritándole en presencia del resto de usuarios del centro: panchita, vete a su país de mierda a trabajar que has venido aquí y no quieres trabajar”.

La doctora “tuvo que ser auxiliada por otra compañera que la acompañó hasta el mostrador de administración mientras que el acusado la seguía por los pasillos del centro de salud”. La médica estuvo varios días de baja y, según reconocieron algunos de sus compañeros, cuando salía miraba a todos los lados, teniendo que ser acompañada hasta su casa.

El fallo confirma que se condena al acusado “como responsable de un delito de odio a la pena de 6 meses de prisión y multa de 6 meses con una cuota diaria de 6 euros” debido a la “menor entidad del hecho”. Tampoco impone pena de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima y se suspende la ejecución de la pena de cárcel durante un periodo de dos años. Además, le impone el pago de una indemnización de 1.500 euros, en concepto de daños morales y le absuelve del delito de amenazas.