El PSOE asegura que ni el Ministerio Fiscal ni la Junta "ven indicios de delito"

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, hizo ayer hincapié en que su partido tiene constancia de que ni la Fiscalía ni la Junta de Andalucía "ven indicios de delito alguno" en el asunto que investiga las presuntas irregularidades urbanísticas de Isla Canela, por lo que remarcó que confía "plenamente" en los compañeros socialistas de Ayamonte.

Ferrera aseguró ayer que, tras mantener una conversación con el alcalde ayamontino, Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), éste le trasmitió que considera "una buena noticia" su imputación en el caso porque de este modo tiene la oportunidad de poder explicarse ante el juez. El socialista dejó claro ante todo el máximo respeto a un proceso judicial abierto, pero destacó que el regidor municipal está "contento" con poder explicarse ante el juez tras "sufrir un juicio paralelo en la prensa con acusaciones de todo tipo sin base legal y haciendo daño a su persona y a la ciudad de Ayamonte".

Por su parte, el presidente del PP de Huelva y secretario de la Mesa del Parlamento andaluz, Manuel Andrés González, pidió ayer explicaciones "urgentes" al secretario general del PSOE onubense y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, tras las imputaciones de Rafael González y Rodríguez Castillo.

El popular señaló que el máximo dirigente del PSOE "no puede seguir escondiéndose porque la nómina de imputados y procesados del PSOE de Huelva se agranda sin parar". Para González, el Partido Socialista onubense es "el PSOE de España con más dirigentes acosados y cercados por la justicia" y remarcó que nadie es "capaz de tomar determinaciones contra ellos y dar explicaciones a los ciudadanos".

"Rara es la semana que no conocemos un nuevo escándalo vinculado con la gestión de un ex alcalde del PSOE o en un ayuntamiento o entidad donde gobierna este partido", manifestó. Asimismo, recordó no sólo los casos de Ayamonte, Almonte, Bollullos, Cartaya o la Mancomunidad del Andévalo, sino que también se refirió a la imputación del ex director general de Trabajo de la Junta y ex delegado de Empleo en Huelva, Juan Márquez.

Para González, el PSOE "no puede perder ni un sólo minuto más en dar una explicación urgente y clara de la situación judicial en la que se encuentran, porque su silencio agranda las sospechas sobre la supuesta gestión irregular de estos cargos públicos". A su juicio, el PSOE "debe aclarar a los ciudadanos, con luz y taquígrafos, cómo gestiona los recursos públicos ante esta riada de escándalos".

El portavoz de Izquierda Unida en la Diputación Provincial de Huelva, Rafael Sánchez Rufo, subrayó ayer que su formación "ha venido históricamente defendiendo, tanto en la etapa de González como en la del actual alcalde, la existencia de auténticas zonas oscuras en la gestión urbanística del municipio". Por ello, pidió "celeridad" en el funcionamiento de la Justicia al objeto de que "se depuren al máximo todas las responsabilidades, porque en política se puede meter la pata, pero no la mano".

"Quien lo ha hecho, que la pague", subrayó el izquierdista, que confió en que desde el Ayuntamiento ayamontino "se tenga la máxima colaboración posible en este proceso judicial que se ha abierto contra estos dos dirigentes políticos". Por último, estimó que, si se considera que ha habido irregularidades, "queden inhabilitados para el ejercicio de la política".