El PP cifra en 160 millones el fraude en Huelva de los cursos de formación

Los parlamentarios andaluces del PP y vocales de la comisión de investigación sobre Formación, Teresa Ruiz-Sillero y Miguel Ángel Torrico y el parlamentario onubense Guillermo García Longoria, lamentaron que Huelva haya sido "una provincia clave en el fraude de la formación", al ser la que hizo saltar las alarmas en esta trama investigada por la Justicia y en el parlamento andaluz.

Los parlamentarios andaluces se manifestaron así tras conocer el dictamen de dicha comisión y su repercusión en la provincia y destacaron que "fue en Huelva donde de forma más importante saltaron las alarmas", y cifró en 160 millones de euros "el perjuicio económico" sufrido. Ruiz Sillero destacó que "en Huelva se puso en marcha la maquinaria para destapar el fraude con el informe del interventor de la Junta en la provincia que señalaba un menoscabo de fondos públicos".

Ruiz Sillero se refirió al Consorcio de Formades como "una agencia de colocación de cargos del PSOE con facturas escandalosas del pago de los caramelos de la carroza de los Reyes Magos o del traslado de caballos", escándalos que ocasionaron el cierre del consorcio. La popular recordó que el 20 de octubre la juez Bolaños ha citado a declarar como investigados a cuatro exaltos cargos de la Junta, entre ellos la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo María Teresa Florido, en el marco de dos de las piezas separadas en que ha dividido el caso de los cursos de formación relacionadas con los consorcios públicos de formación de la Junta, entre los que se encuentra Formades.

También como otros de los casos conocidos en la provincia, mencionó la empresa El Paraíso, vinculada al exalcalde de Punta Umbría, el socialista Gonzalo Rodríguez Nevado, e investigado en la causa, una empresa, aclaró Ruiz Sillero, que formaba parte de "todo un entramado", de, al menos, 45 empresas vinculadas directamente a cargos del PSOE en Andalucía y que recibieron en conjunto 101 millones de euros en subvenciones.

Del mismo modo, la popular lamentó "las trabas puestas por parte de la Junta, que ha negado expedientes claves para averiguar el fraude", a lo que añadió que "aunque el PSOE insiste en que todo el fraude de la formación es un bluff, es una trama que se está investigando en 18 juzgados y en la comisión de investigación en el Parlamento, y ya se han detectado numerosas irregularidades".

Miguel Ángel Torrico recordó que, en total, el PP-A ha cifrado "la factura del perjuicio económico" del presunto fraude de la formación en Andalucía en 1.970,6 millones de euros, según se recoge en el documento que esta formación ha elaborado de propuesta de dictamen y conclusiones de la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz y que los populares ya presentaron.

El PP-A eleva responsabilidades políticas para 35 altos cargos del PSOE en los gobiernos de la Junta entre los que están, además de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y de los dos expresidentes, los actuales consejeros de Hacienda y Empleo, el exconsejero de Educación, cuatro exconsejeros de Empleo, ocho viveconsejeros de Empleo y gerentes del SAE, seis directores generales de Formación Profesional, el director general de la extinta Faffe; y diez delegados provinciales de Empleo.