La PAH evita casi mil desahucios onubenses en los últimos cinco años

Suma y sigue. El primer trimestre del año deja en Huelva un reguero de desahucios practicados por los juzgados de Primera Instancia que vuelve a superar a los registrados entre enero y marzo de 2016: 178. Según los datos de la estadística Efecto de la Crisis en los órganos judiciales, publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fueron al inicio de este ejercicio un 9,8% más que en el primer cuarto del año pasado, cuando se llevaron a efecto 162.

Del volumen global de desalojos del primer trimestre de este 2017, el 76,4% es consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria, 136 en total. Estos se han reforzado en relación a un año atrás, aumentando un 19,3%, lo que indica la tendencia contraria a la experimentada por la media nacional, con una reducción del 3,4% en estas lides.

Por contra, se minimizaron los desalojos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que pasaron de ser 46 a 36 en sólo doce meses (-21,7%, cuando en España subieron un 5,8%). Significan el 20,5% del total de desahucios practicados por los órganos de Primera Instancia de la provincia, lo que se traduce en que uno de cada cinco lanzamientos está relacionado con el impago del alquiler.

La estadística, sin embargo, podría ser más dramática sin la acción de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Uno de sus orientadores legales, el profesor de Derecho Civil de la Universidad de Huelva Javier Arellano, aseguró ayer a Huelva Información que uno de los "grandes logros" del colectivo activista es que "el cien por cien de los asuntos que nos han llegado los hemos sabido reorientar", evitando así el traumático lance del desalojo.

En los últimos cinco años, los que avalan la trayectoria de la PAH en Huelva, "cerca de mil personas se han acercado para pedirnos ayuda" y se han solventado sus problemas. Arellano detalla que el mayor montante de afectados procede de la capital y de pueblos del área metropolitana, como Aljaraque o Gibraleón, "aunque también tenemos gente de la Costa occidental, de localidades como Ayamonte, Lepe o Cartaya, pero en menor medida".

En la PAH, además de los activistas, trabaja de forma desinteresada un grupo de juristas, economistas y sociólogos que se encarga de buscar salida a los problemas que se plantean a los afectados, principalmente orientándolos sobre las posibles salidas al conflicto legal y negociando con los bancos las reestructuraciones de deudas (y el alquiler social) o las daciones en pago.

Evitar el desahucio es, por tanto, posible mediante herramientas como "las prórrogas a desalojos o medidas como las moratorias o las leyes de segunda oportunidad". Todo aderezado con "mucho trabajo de movilización social, de estar los afectados y los miembros de la plataforma presionando y actuando con los directores de las entidades bancarias, así como de negociación y del estudio individualizado de los casos más complejos".

Afirma Arellano que existen dos momentos especialmente traumáticos para los afectados, que son personas que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler porque no tienen recursos: el de la subasta y el del desalojo. El primero, en muchos casos, "lo hemos conseguido eludir en la misma mañana en que se iba a producir la subasta, en la que suele ser la entidad bancaria la que se queda con el inmueble".

Si llega el segundo momento, el del lanzamiento en sí, "procuramos documentos bien para atenernos a un periodo humanitario de espera para buscar una vivienda alternativa o, si se trata de personas en extrema necesidad, solicitamos una moratoria; hasta 2020 se paralizan los desahucios si el afectado se encuentra en situación de emergencia habitacional o social", aclaró.

El profesor agrega que desde finales del pasado abril se han aliviado los requisitos para solicitar las moratorias, "que eran muy restrictivos y exigentes", por lo que augura que "quizá en estadísticas venideras estos datos alarmantes en Huelva puede que se relajen a partir del tercer trimestre; lo veremos".

El volumen de lanzamientos que se da en la provincia de Huelva, afirma Javier Arellano, es un buen termómetro "de lo que nos está sucediendo: hay que poner remedios de intervención social, de servicios comunitarios, y lo que es también muy importante es que las administraciones públicas se impliquen con planes integrales, porque están obligadas a poner todos los medios necesarios para atajar el problema y las herramientas existen".

Y es que la raíz de todo está, a su juicio, en la pobreza. Más de 44.000 personas, según los datos que maneja el movimiento Huelva en Red, estaban en riesgo de exclusión social en la capital onubense el pasado diciembre. La crisis económica "no va de paso, ni mucho menos, y aquí la pobreza está cronificada ya". Basta con detenerse a mirar a barriadas onubenses como las de El Carmen, El Torrejón, La Orden, La Navidad. "Ahí es donde se concentra el mayor número de desahucios".

La solución a los problemas de vivienda deben darla los ayuntamientos y la Junta de Andalucía. Aunque no niega que se lleven a cabo actuaciones en la materia, son "insuficientes" . "Si a nuestros políticos no les hacemos ver la realidad, difícilmente se llegarán a atajar; son ellos los que tienen que dotar a los ciudadanos de los mecanismos de protección", sentencia Arellano.

Los interesados en contactar con la PAH pueden hacerlo a través del teléfono 661 065 730, mediante el correo electrónico pah_huelva@hotmail.com o en www.facebook.com/PahHuelva.