Cuando la Operación Malaya llegó a salpicar a Almonte

A primeros de 2006 la Operación Malaya llegaba a la aldea de El Rocío y desataba la polémica con el registro del hotel La Malvasía, propiedad del que fuese asesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca. No hubiese tenido más importancia que el registro de otras propiedades de Roca si no fuese porque poco a poco fue surgiendo una serie de irregularidades en la puesta en marcha del hotel.

Roca adquirió la conocida como antigua casa de María Adoración a través de una de las sociedades del entramado investigado en la Operación Malaya a través de un testaferro. En su momento se aseguró que un cuñado del alcalde de Almonte, José Miguel Bejarano, había participado en la selección de personal en el hotel, extremo que él negó. Poco después, la oposición conformada por PP y PA denunciaba que el hotel se había inaugurado sin contar con el certificado de final de obra y por tanto sin licencia de apertura.

Además, el PP denunció en su día también dos irregularidades urbanísticas en el edificio: el torreón y el retranqueo de la fachada trasera, que figuraban en el expediente de la obra. Y según la documentación recabada por los populares, las obras del hotel también se iniciaron sin la preceptiva licencia. Los técnicos municipales alertaron de esas irregularidades.

Pero además, la investigación realizada por la oposición también llegó a la conclusión de que el Ayuntamiento de Almonte no había tramitado ante la Junta de Andalucía el expediente del hotel de Roca. Un hecho que era reconocido posteriormente por la Delegación Provincial de Turismo, que aseguraba que el hotel (después de un año en funcionamiento) no había solicitado a la Administración autonómica la autorización para su puesta en marcha. De hecho, la empresa no existía como hotel en funcionamiento para turismo. La Policía ratificaba esas irregularidades en su investigación dentro de la Operación Malaya.

Además del hotel, desde el PP se han denunciado diferentes cuestiones urbanísticas a lo largo del último mandato que serán revisadas en éste. Así, los populares señalan al campo de golf de Matalascañas, dos sectores del núcleo costero o algún proyecto urbanístico como asuntos donde a su juicio podría existir alguna irregularidad, aunque aún no se conoce si se podrían derivar en responsabilidades jurídicas.