Gómez agregó al respecto que una vez obtenida la autorización de la norma, se podrá poner en marcha Oficina contra el Fraude y la Corrupción, ente independiente que velará por mantener a raya la honradez en las instituciones públicas.

En este sentido, precisó que la Consejería de Regeneración ha dotado presupuestariamente a la Oficina "para que se lleve a efecto en el momento en que esté aprobada la Ley en el Parlamento", de modo que se prevé que pueda estar activa "antes de que concluya 2021".

El delegado territorial de Regeneración, Justicia y Administración Local, Alfredo Martín, enfatizó por su parte que espera que la nueva norma "venga a solucionar este grave problema" en la región, un perjuicio que "llevamos sufriendo en Andalucía desde hace tantísimos años y que nos ha tenido en la picota de la corrupción y de la vergüenza a la que se puede haber llegado por parte de muchos representantes públicos, y que ha tenido a nuestra comunidad autónoma en un sitio que no se merece".

Gómez explicó que el proyecto de Ciudadanos parte de la legislatura anterior, la de Susana Díaz, pero que finalmente no se llevó a cabo, por lo que en el actual Gobierno "era uno de los puntos en los que no cabía negociación".

La Oficina contra el Fraude y la Corrupción estará adscrita al Parlamento andaluz y será "totalmente independiente del Gobierno de turno" con el propósito de "recuperar esa confianza que el ciudadano ha perdido en las instituciones andaluzas".

Dicha Oficina estará dirigida por una persona "de reconocido prestigio y con experiencia en la materia, quien investigará e impulsará todas las medidas para acabar con la corrupción en Andalucía", detalló la secretaria general, quien añadió que estará conformada por funcionarios que tendrán condición de autoridad pública.

Esto "les permitirá poner en marcha herramientas que sirvan precisamente para poner los pilares y acabar con esta lacra", subrayó.

Otra de las piezas clave en el texto es la protección del denunciante. "Hemos visto cómo muchas de estas personas en otros momentos no han llegado a trasladar sus denuncias por miedo a represalias y, aquellas que lo han hecho, las han sufrido en sus carnes y han llegado a situaciones bastante críticas", expresó Gómez.

Por ello, se preservará la confidencialidad de la denuncia y se ofrecerá a los empleados públicos (sean funcionarios o laborales) asistencia jurídica o psicológica "si lo consideraran oportuno por verse sometidos a ese trago de denunciar a personas que están por encima de ellos en sus trabajos".

Además, el futuro texto legal contempla la posibilidad de reubicar a los denunciantes en otro puesto de trabajo de similares característica, de modo que se garantice que "realmente la persona que detecte que dentro de su servicio público hay una intención de abuso de poder, sienta el respaldo de la Oficina".

Las denuncias falsas o las coacciones al personal de este ente o a los denunciantes tendrán sus correspondientes sanciones, con multas que irán de los 300 a los 100.000 euros, "en función de la gravedad de las mismas".

La nueva normativa incluye disposiciones que afectan a la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos, "con el objetivo de eliminar de facto cualquier cargo público que estuviera encausado judicialmente", o la prohibición de que estos representantes políticos puedan tener cuentas en paraísos fiscales, concluyó Nuria Gómez.