Gómez abandera el impulso de la Junta de Andalucía a la Ley contra el Fraude y la Corrupción y la Protección de la Persona Denunciante desde las filas de Ciudadanos (Cs), una norma que espera que esté activa antes de que acabe 2021. Hoy la presenta con orgullo y el máximo detalle a los onubenses.     

–El 10 de marzo el texto superó el debate a la totalidad del Parlamento de Andalucía. ¿Cómo fue el trámite, cómo lo vivió?

–En abril o en marzo de 2019 se inició el trámite. Ha sido un proceso muy participativo. Hemos intentado recoger todo lo que nos han aportado los colectivos y los informes a los que se ha sometido a la audiencia, que han sido casi 65. El texto llegó al Parlamento en febrero. No se ha registrado ninguna enmienda a la totalidad de ninguno de los grupos parlamentarios. Entiendo que forma parte del interés que demuestran todos los grupos por que haya en Andalucía una herramienta que erradique la corrupción. Esto se demostró en la sesión de debate, donde achacaron cuestiones que no entraban en el fondo de la cuestión de la ley. Creo, espero y entiendo que va a haber un apoyo de todos los grupos parlamentarios.

–Incluido el PSOE, que parecía que iba a gestar una herramienta antifraude en 2015, aunque finalmente aquello quedó en agua de borrajas.

–En la anterior legislatura se incluyó, entre los acuerdos de investidura del PSOE y Ciudadanos, la creación de la Oficina contra el Fraude y la Corrupción. Se llegó a presentar como un decreto, llegó al Consejo Consultivo incluso, y este dictaminó que no era la fórmula jurídica que debía de contener una oficina contra el fraude, y que la propuesta ideal sería una ley. Claro, una ley requiere de un trámite, unos consensos y un trabajo. Se vio claramente que no era la disposición que en ese momento existía. Por eso, en el momento en que accedimos al nuevo Gobierno, pusimos en marcha el proyecto de ley, que además contempla la protección del denunciante.

–¿Qué camino tiene que recorrer ahora la norma hasta llegar a su aplicación?

–El recorrido más largo es el que ha tenido el proyecto en el Gobierno. El próximo 19 de abril comparece cada grupo parlamentario. La comisión donde ha llegado el texto lo ha declarado de urgencia. Y estimamos que el interés es absoluto. A partir de ahí, ya quedarían enmiendas parciales y llevar el texto con las enmiendas al debate de la totalidad de la ley y queremos, entendemos y esperamos que su aprobación sea, como mucho, cuando concluya el verano.

–Una vez que el texto esté aprobado, ¿qué viene después?

–La creación de la Oficina contra el Fraude. Habría que designar al director de la misma, que se elige por mayoría de tres quintos en el Parlamento. Hay un plazo de tres meses para nombrar al director. A partir de ahí, la estructura que contempla la ley es de dos subdirecciones, una que se encargaría de la parte de inspección y la otra que asumiría la parte de protección del denunciante. Hay que desarrollar un reglamento de la estructura detallada de la Oficina y de los procedimientos que tendría que seguir.  Espero que antes de que concluya 2021 pueda estar en marcha en toda su envergadura, aunque entiendo que son muchos los trámites que después quedarían una vez que la Oficina esté constituida.

La secretaria general de Regeneración, reflejada en un espejo de la Delegación Territorial de Huelva.

–La Consejería de Regeneración tiene ya una reserva presupuestaria para ello.

–Así es. Inicialmente, la propuesta era que la Oficina estuviera adscrita a la Secretaría de la que soy responsable. Pero entendíamos que si queríamos una herramienta realmente útil tenía que ser lo más alejada posible del Gobierno de turno, y que el Parlamento podría ser esa fórmula de independencia que garantice lo que la Oficina pretende. Se planteó con esa adscripción parlamentaria pero, aún así, en el presupuesto por ahora la adscribe a nuestra Consejería. Se ha dotado con 200.000 euros, que serían los gastos de la puesta en marcha: un periodo mínimo de alquiler y de los equipos que fueran necesarios para que eche a caminar.

–¿Cuáles son los objetivos primordiales de esta Oficina?

–Pretende la inspección de cualquier denuncia o, incluso, de oficio, también la difusión y promover la voluntad para que no se vuelvan a dar casos de corrupción y crear esa conciencia en el personal, en los directivos y en los cargos que lo asumen, y la protección del denunciante, además de las sanciones, no solo de la propia ley, sino también las de la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos, que ya está vigente y que además este texto modifica en dos cuestiones muy importantes.

–¿Cuáles son?

–Que los encausados judicialmente deben abandonar inmediatamente sus cargos, cosa que ya estaba puesta en marcha por voluntad de los partidos que firmamos el acuerdo, pero que lo va a reflejar un texto legal. Y otra de las piezas fundamentales de estas sanciones es el hecho de que los altos cargos no puedan ser titulares o autorizados en cuentan en paraísos fiscales. La novedad es que, hasta ahora, los expedientes se iniciaban o por voluntad o por parte del Consejo de Gobierno, que se autosancionaba si fuera necesario. Al sacar esto del Consejo de Gobierno y llevarlo a una oficina independiente, entendemos que también puede sacar a la luz casos que sean de considerable importancia.

Gómez, en la sede autonómica de la Consejería de Justicia en Huelva.

–La Oficina, aparte de su carácter disuasorio, colaborará estrechamente con la Justicia.

–Hemos sido en el texto muy rigurosos y respetuosos con las funciones que ya están, no hemos inventado la pólvora: la Justicia hace su trabajo, la Cámara de Cuentas y la Intervención, el suyo. Pero sí es cierto que faltaba una pieza clave. Si no hubiera faltado, no habría pasado todo lo que ha pasado en Andalucía durante tantísimo tiempo. Esa es la parte que pretende cubrir esta Oficina. En el momento en que detecte que hay un caso que se tiene que tramitar y llevar a un juzgado, está habilitado el procedimiento para que se traslade a la Fiscalía, al juzgado correspondiente o al órgano que entendamos que sea responsable, como la Inspección General de Servicio, cualquiera que entendamos que puede asumir ese caso concreto.

–Hace referencia al daño que se le ha hecho a la imagen de la política y las instituciones andaluzas con sonados casos de corrupción en los últimos años. ¿Se puede calibrar el perjuicio?

–El daño económico es incalculable, hablan de cifras de 6.000 millones en Andalucía. Es imposible saberlo. Pero el daño moral... La sociedad ha dejado de creer en los políticos, en sus instituciones, y eso al final es un descalabro a la democracia. Es imposible calcular el daño que ha hecho a Andalucía la corrupción. Lo que sí está claro es que hay que empezar a construir y que esto es una pieza fundamental de esa construcción para que, cuando se hable de corrupción, sea porque se ha creado una oficina para combatirla y no porque haya estallado otro caso.

–La cuestión es detectar el fraude cuanto antes.

–Justamente. La pieza de la protección del denunciante es clave para todo este sistema. El temor a represalias, situaciones desesperadas de personas que denunciaban, que veían que incluso al final, estás trabajando, tienes que llevar unos ingresos a tu casa, y en muchos casos el temor a que esos ingresos se vean mermados te obligan a callarte cosas que son casi evidentes. Entiendo además que el empleado público, el funcionario, es el que ve absolutamente todo lo que pasa en esas paredes y es pieza clave para todo esto. Tanto es así que, independientemente de que puedan denunciar porque el ámbito de actuación de la Oficina no se ciñe solo a la Junta de Andalucía, sino también incluye a instituciones como el Defensor del Pueblo, la Cámara de Cuentas o el Parlamento, a los ayuntamientos y a las universidades públicas andaluzas. Ese ámbito de actuación, para el caso concreto de los empleados de la Junta de Andalucía, tiene un tratamiento especial. Independientemente de que cualquier denunciante tiene la confidencialidad garantizada o el derecho a ser informado del trámite en el que la denuncia se encuentra, en el caso de los funcionarios autonómicos esta cobertura contempla la posibilidad de poder reubicarlos en otro puesto de trabajo de similares características para separarlo del punto que se ha denunciado y que puede suponerle algún daño.

La responsable autonómica, en un momento de la entrevista.

–Dentro de la estructura de la Administración andaluza parece  sencillo, por su envergadura. ¿Pero en un ayuntamiento, dónde se reubica a ese trabajador?

–En el caso de los ayuntamientos, las funciones de la Oficina no se aplican en su totalidad. En este caso esas reubicaciones se dejan a la decisión del propio ayuntamiento, de si puede o no puede hacer esa reubicación. En el caso de la Junta, entendíamos que es de obligado cumplimiento, pero respetamos la autonomía local o de las universidades, que tienen otra forma de organizar el personal de las mismas.

–El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, tilda de valientes a esos trabajadores que se han atrevido a denunciar las corruptelas políticas.

–En el recorrido que hemos tenido de la ley, en la Secretaría de Regeneración nos hemos puesto en contacto con víctimas de estas cuestiones y son personas que realmente llegan destrozadas a sus denuncias, incluso los medios de comunicación en muchos casos no los trasladan como víctimas, sino como verdugos. Y son personas que presentan problemas psicológicos graves y se someten a situaciones muy muy desagradables. Para mí también son héroes.

–Se les va a dar asistencia jurídica y psicológica.

–Así es, siempre que ellos lo demanden.

–¿Cómo se va a vertebrar la Oficina?

–El detalle de la Oficina se emplaza al reglamento posterior. Nosotros hemos respetado una estructura mínima de lo que entendemos que tiene que incluir, pero será el reglamento del Parlamento el que entre en el detalle de cada una de las cuestiones.

–¿Sabe ya quién la va a dirigir? ¿Hay algún candidato?

–No. Esa persona que dirigirá la Oficina será elegida por el Parlamento con una mayoría de tres quintos en primera vuelta o con mayoría absoluta en la siguiente, a propuestas de cada uno de los grupos. No tenemos a nadie pensado, pero sí que hemos puesto un perfil mínimo: que sea una persona de reconocido prestigio, con una experiencia de 10 años en cuestiones de las que se van a manejar en la Oficina y una titulación universitaria relacionada con el objeto de la Oficina.

Nuria Gómez, con mascarilla.

–El mandato no superará los cinco años.

–Así es. Estará como mucho cinco años no prorrogables.

–Para que tampoco se corrompa.

–(Risas) Exactamente. Hemos tomado el modelo del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, que es esa misma figura de cinco años no prorrogables para que no coincida con las legislaturas.

–Además, los funcionarios de la Oficina tendrán condición de autoridad pública.

–Esa es la idea. Ellos van a abordar una parte de la inspección y, en un momento dado, el requerimiento o la actuación que vayan a hacer necesitan estar respaldados por esa condición de autoridad.

–¿Qué beneficios tendrá la futura legislación para los onubenses?

–La Ley será clave para comenzar, y digo comenzar porque entiendo que hay mucho recorrido por hacer, a recuperar esa confianza que los ciudadanos de Huelva y Andalucía deben tener en sus instituciones, que es como una democracia plena tiene que desarrollarse.