El Ministerio de Derechos Sociales confía que en 2023 se acabe con los asentamientos irregulares en Huelva. El secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, apuntó tras la firma del Protocolo de Actuación para Impulsar la Erradicación de Asentamientos Irregulares de Personas Trabajadoras Temporeras,  que "esto es un problema que afecta a un porcentaje de trabajadores del campo muy reducido y nuestra voluntad es forjar alianzas con la Junta de Andalucía, los ayuntamientos, organizaciones sociales, empresariales y sindicales para que entre este año y el que viene demos por solventado este problema en esta provincia".

Incidió en que "esa es nuestra voluntad, entendemos que atendiendo al volumen del problema, no es un problema que sea inmanejable, ni muchísimo menos, estamos hablando de dos mil y pico de personas en una provincia como Huelva, con las inversiones que queremos realizar este año, de los ayuntamientos, la Junta de Andalucía y con la ayuda de la Administración General del Estado una buena parte se podría arreglar, quien dice este año y el año que viene, ¡ojalá! que sea así, si luego se extiende un poco más, tampoco sería un problema si fuera un poco más, pero desde el punto de vista de la Administración General del Estado no se puede tardar años en solucionar el problema, esto requiere una solución rápida y es posible alcanzar una solución rápida, y esa es la intención".

Recordó que el Ministerio de Derechos Sociales "venía impulsando un acuerdo de trabajo con las organizaciones sociales, los sindicatos, las organizaciones empresariales, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía para dar una solución al problema de estas infraviviendas, donde habitan temporeros del campo y es un problema que debería tener una solución fácil y lo más rápidamente posible". En la provincia onubense, estiman las administraciones, que son unas 2.5000 personas las que residen en asentamientos, "una pequeña parte de todos los trabajadores temporeros del campo, la inmensa mayoría tienen lugares dignos de viviendas para poder desempeñar esa tarea tan importante de trabajo en el campo, que es tan estratégica, tan fundamental para la economía del país y andaluza".

Con la firma de este protocolo "se da un primer paso importante de coordinación de las administraciones públicas, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha impulsado este proceso porque aunque no es una competencia nuestra si nos parecía que teníamos que impulsar la coordinación para poner en marcha este proyecto".

Comentó que el protocolo es ampliable, se ha firmado con dos ayuntamientos, Moguer y Lepe, "porque son los que han presentado proyectos más avanzados y completos, pero la disposición del Gobierno de España es total para ampliar con otros ayuntamientos que puedan presentar sus proyectos lo más pronto posible, incluso mostramos nuestra voluntad de dar apoyo para que puedan sacar adelante esos proyectos de la forma más rápidamente posible, ya estamos trabajando con los ayuntamientos de Lucena del Puerto y Palos".

El secretario de Estado para la Agenda 2030 indicó que con este protocolo quieren darle un impulso a la Estrategia de Desarrollo Sostenible que aprobó el Gobierno el año pasado, combatir la desigualdad y la pobreza, "estos focos de pobreza y desigualdad son los que se pretende erradicar y el protocolo ya diseña acciones concretas, esto es el paso previo a la aprobación de un Real Decreto para poder ejecutar directamente estos programas. Tenemos que establecer bien cuál va a ser el papel de cada uno de los implicados, tanto las administraciones públicas como la sociedad civil, que queremos que colabore".

El protocolo establece tres actuaciones: la puesta en marcha de infraestructuras de acogida temporal para trabajadores que hacen ese trabajo de forma temporal, puesta en marcha de sistemas de derivación para habitar viviendas en los núcleos urbanos con itinerarios de inserción sociolaboral con los servicios sociales correspondientes, y el diseño de un plan que será extrapolable como modelo a otras provincias españolas. Se constituye en este protocolo una comisión de seguimiento para seguir trabajando conjuntamente las distintas administraciones.

Santiago destacó que los ayuntamientos de Moguer y Lepe, en un mes y medio, han presentado proyectos "de buena calidad, bastante avanzados y concretados, lo que demuestra que cuando las administraciones se ponen a trabajar conjuntamente, sin perder el tiempo, las soluciones pueden ser rápidas".