La crisis en la asociación Mesa de la Ría dejó el jueves por la tarde un episodio más con la celebración de una asamblea presidida por Aurelio González en la que se apoyó por unanimidad la necesidad de convocar una nueva reunión para la elección de la junta directiva, toda vez que un sector del colectivo, incluida la Presidencia, no reconoce la resultante de la votación celebrada el 8 de agosto en las oficinas del Grupo Municipal de Mesa de la Ría en el Ayuntamiento. Los miembros de este cuerpo político, además, podrían ser expulsados por la incompatibilidad de sus cargos con la condición de asociados.

Aurelio González Peris explicó ayer a este periódico que alrededor de una treintena de socios reunidos el jueves en el hotel Los Condes defienden que se abra un proceso electoral para la designación del órgano de gobierno de la asociación, para que “camine al margen del grupo político” y mantenga “su propia identidad como matriz de este movimiento”. Para ello, asegura, se celebraría “una asamblea general en la que participe mucha gente”. No hay fecha fijada para esa convocatoria, que se definirá cuando se asegure la participación masiva de socios.

También quedan pendientes los pasos a seguir para empezar a hacer efectiva la delimitación de Mesa de la Ría asociación y grupo político. Uno de los primeros serían las bajas de Rafael Gavilán, Francisco Romero y Juan Manuel Buendía por ser miembros del Grupo Municipal, los dos primeros como concejales y el tercero como asesor político.

“Los estatutos –explica Aurelio González– dejan claro que esas tres personas no pueden estar en la asociación por incompatibilidad. Hay que aplicar los estatutos, que es el reglamento por el que nos regimos, porque debemos diferenciar la asociación de la actividad política”.

No se ha definido tampoco de qué forma se ejecutaría esa posible baja de los tres miembros del grupo político municipal, aunque todo apunta a que se tratará en la Asamblea General de Mesa de la Ría que se pretende convocar en las próximas semanas.

Sobre las acusaciones de la presunta comisión de un delito que ha vertido sobre él la junta directiva alternativa presidida por Juan Manuel Buendía, Aurelio González cree que es un acto “maquiavélico y retorcido”, “barriobajero, torpe y perverso”, y se reitera en meditar su respuesta en los tribunales con una demanda, que ahora estudia con abogados.

Esa acusación, junto al supuesto “incumplimiento de obligaciones de su cargo” y a un “comportamiento que atenta contra el buen nombre de la organización”, han dado forma al proceso disciplinario abierto por la directiva de Buendía contra Aurelio González y por la que se le ha suspendido de militancia. La división está encima de la mesa.