El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, critica en su informe de 2017 la dejadez de las administraciones que han intervenido en el caso de los cuatro menores de La Zarza, quienes llegaron a convivir hasta seis días con el cadáver de su madre y de la pareja sentimental de esta -en una infravivienda de la aldea de Calañas- el pasado mes de septiembre sin que nadie se percatara de la situación a lo largo de esa semana.

El comisionado, que abrió una queja de oficio al conocer el incidente, aborda el asunto en el capítulo de pobreza infantil del informe. Como conclusión expone que la situación vivida por los niños "no creemos que pueda achacarse de forma directa y exclusiva a ninguna administración, pero todas las que han intervenido" -desde los servicios sociales al Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía- "han tenido parte de responsabilidad en su labor preventiva ya que por lentitud en su intervención, por ser esta poco eficaz, o por ausencia de una ágil coordinación con otras administraciones, finalmente no se pudieron aplicar medidas eficaces que contribuyeran a superar las carencias de la familia".

Juan Antonio denunció muchas veces que estaban desnutridos y con algunas heridas"

El Defensor del Pueblo Andaluz recuerda que una vez fueron descubiertos los cadáveres de la madre de los niños y de su pareja, los críos "quedaron al cargo del Ente Público de Protección, que posteriormente confió su guarda provisional al padre biológico de tres de ellos", Juan Antonio Pérez, quien ha solicitado además por vía judicial la tutela del mayor de los cuatro hermanos, que no es hijo biológico suyo pero al que ha criado como si fuera propio.

La familia, indica Maeztu, había sido objeto de supervisión tanto por los servicios sociales comunitarios, como por el equipo de tratamiento familiar y también por el Servicio de Protección de Menores. "En el curso de esta intervención se detectaron indicios de desprotección, con constantes alertas sobre las carencias que soportaba la familia y que incidían en el bienestar de los menores". Sin embargo, ninguna de estas instituciones públicas acometió una medida drástica que supusiera ponerlos a salvo, como la de "retirar la custodia a la madre".

Y todo cuando Juan Antonio Pérez había presentado reiteradamente "denuncias en las que relataba las carencias que estos soportaban", tanto en el Juzgado de Familia, donde había solicitado que le otorgaran la custodia, como ante las distintas instituciones competentes. Su abogada, Cinta Ortega, recuerda que su representado había evidenciado en incontables ocasiones que "los veía desnutridos, mal vestidos y con algunas heridas", lo que hace pensar a la letrada "que fueron víctimas de malos tratos".

Cuando la madre se marchó de Huelva a La Zarza, dice el Defensor en su informe, "ni disponía de una vivienda adecuada ni disponía de medios económicos con que costear un alquiler, siendo su situación muy precaria".

A lo más que llegó la actuación de los servicios sociales municipales y de los correspondientes a la Diputación de Huelva fue a iniciar un programa de intervención con la familia, "facilitando en primer lugar una ayuda para la adquisición de material de la cual no pudieron llegar a disfrutar al producirse el fatal desenlace".

Jesús Maeztu resalta que "a pesar de haber intervenido en el caso diferentes administraciones, esta familia estaba sumida en un proceso de progresivo deterioro, en una situación de pobreza que cada vez condicionaba más su bienestar, especialmente de los menores que dependen del cuidado que puedan prestarle las personas adultas que los tienen a su cuidado".

Cinta Ortega se mostró ayer sorprendida por el informe del Defensor, "puesto que en ningún momento se ha puesto en contacto con mi representado". Entiende la letrada, y así lo manifestó a este diario, que "este informe no debería haber tenido lugar, porque aquí lo que ha habido es mucha dejadez por todos sitios y se ha actuado con negligencia".

Con todo, la abogada de Juan Antonio Pérez estima que el documento de Maeztu "ratifica una realidad que es todavía mucho más aberrante de lo que aparece en el informe". A todo añade que los críos están recibiendo atención psicológica costeada por su progenitor y que "ahora se les ve saludables".