Huelva

La Ley de Infancia y Adolescencia cuenta con un presupuesto de 2.500 millones

  • La consejera Rocío Ruiz presenta a una treintena de asociaciones onubenses las novedades del desarrollo legislativo

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, en el encuentro mantenido ayer en Huelva.

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, en el encuentro mantenido ayer en Huelva. / M. G. (Huelva)

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, anunció que la Ley de la Infancia y Adolescencia de Andalucía, cuyo anteproyecto ha sido aprobado esta semana en Consejo de Gobierno, contempla un presupuesto de 2.500 millones de euros. “Sanidad y Educación soportan el grueso de la inversión, ya que estamos hablando de cuestiones como el acceso a la sanidad, las vacunas, la atención temprana o el derecho a la educación y la gratuidad de recursos para familias en riesgo de exclusión”, explicó en Huelva antes de mantener un encuentro telemático con 30 entidades de atención a la infancia para presentar esta nueva ley.

Pero también, “desde Fomento, para hacer nuestras ciudades seguras para la infancia y, por supuesto, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación que concentra 483 millones del total, desde la que se coordinan todas las políticas de protección, ayudas económicas familiares o renta mínima”.

La norma, aseguró, “nace con la vocación de dar voz a los niños y adolescentes, fomentando su participación en la sociedad”; de esta forma, esta nueva norma sustituye a la Ley 1/1998, de 20 abril y para su redacción se han tenido en cuenta los cambios sociales y la evolución de la propia sociedad en estos 22 años.

Ruiz inisitió en que la ley pretende atajar las situaciones de desprotección y desamparo de los menores y que se convierta en un instrumento para la lucha contra la pobreza infantil. En este sentido, aseguró que “la protección del derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen en el ordenamiento jurídico es una de las más complejas por la rápida evolución de nuevos escenarios de comunicación y de difusión de imágenes”.

En relación con la atención residencial, se define un modelo donde priman la calidad y calidez de las actuaciones y se limita la edad para el ingreso en centros de protección específicos de menores con problemas de conducta, para lo que se establece la edad mínima de 13 años, entre otras cuestiones.

En cuanto a la lucha contra la pobreza infantil, Ruiz aseguró que “en Andalucía uno de los principales problemas es la pobreza infantil, un 30 % de la población andaluza, de ellos casi 800.000 niños, están en una situación terrible que hay que prevenir y esta ley va a ser nuestro marco legal para la lucha contra la pobreza infantil y la exclusión, a intentar frenar esas situaciones de pobreza heredada durante generaciones”.

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