Juristas defienden una 'e-administración' más ágil y "sin menoscabo" de derechos

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca Ricardo Rivero considera que la implantación de la administración electrónica debe favorecer la agilidad en los trámites sin suponer "menoscabo" en los derechos de los ciudadanos en relación con las administraciones.

Junto a Estanislao Arana García, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, el experto presentó ayer en UNIA el curso de verano La reforma de las leyes de procedimiento y régimen jurídico de las Administraciones Públicas, cuyo objetivo es ofrecer a los operadores jurídicos un conocimiento teórico-práctico de las Leyes 39 y 40/2015. Para ello, se analizan las principales novedades que aportan, se enmarcan en el contexto social y normativo en el que se han gestado y se valora su repercusión en el ordenamiento jurídico administrativo español de la mano de profesionales de reconocimiento en el Derecho Administrativo procedentes de las mejores universidades nacionales.

La publicación de dichas leyes, sobre el procedimiento administrativo común y el régimen jurídico del sector público, ha dado lugar a una inmediata reacción por parte de la doctrina y de todos los operadores jurídicos en el ámbito del Derecho administrativo. "Estas leyes vienen a revisar una norma básica y que ya estaba muy asentada en la sociedad, como era la ley 30/1992 de régimen jurídico y de procedimiento administrativo", precisó el director del curso.

Rivero defendió que aunque en la administración electrónica cobren más importancia los tecnólogos y los informáticos, los juristas deben estar presentes para velar que este cambio a la administración electrónica no suponga un menoscabo de derechos para los ciudadanos. A modo de ejemplo, citó que la limitación de caracteres de un formulario electrónico pueda privar al ciudadano de escribir todo lo que éste desee durante un trámite administrativo. En su opinión, la comunicación telemática debe servir para que los trámites tengan mayor agilidad y seguridad para los usuarios.

Estanislao Arana García sostuvo que los puntos más importantes de las leyes han sido objeto de análisis hasta llegar al día de hoy, en el que la administración electrónica es uno de los grandes hitos que se trata de afianzarse en la ley. En ese sentido, explicó que la verdadera reforma que se produce, al margen de otras reformas puntuales, es acabar con la dicotomía que hasta ahora había entre procedimiento administrativo ordinario, escrito; y procedimiento administrativo electrónico. "Hablamos de un único procedimiento administrativo que será electrónico y que su implantación definitiva va a tener cierta dificultad", comentó. El objetivo de la e-administración -en sus palabras- es que haya mayor agilidad y seguridad aunque ahora hay problemas que generan disminución de los derechos.

Por su parte, Rivero Ortega se pregunto cómo van a ser las relaciones entre la administración y los ciudadanos en los próximos años. "Los juristas debemos velar para que ciertas situaciones se corrijan, este cambio de soportes está produciendo menoscabos en los derechos", sentenció. Además, el jurista agregó que "si pensamos que el cambio lo tienen que hacer los tecnólogos, se van a perjudicar los derechos de los ciudadanos".

Por último, el catedrático puso un ejemplo para entender cuáles son los derechos de los ciudadanos que se ven afectados con el cambio de soporte. "Si yo presento una solicitud en papel, nadie me puede limitar el número de palabras que puede incorporar mi solicitud, pero si tengo que rellenar un formulario electrónico y solo me permite que tenga 1000 caracteres, pues aunque yo tenga muchas más cosas que decir no las puedo exponer porque técnicamente me lo imposibilitan, y eso está ocurriendo", concluyó.